La reciente aprobación de una ley en Australia que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las plataformas de redes sociales generó un amplio debate entre expertos, plataformas digitales y la comunidad en general.
Jonathon Hutchinson, catedrático en Medios y Comunicación de la Universidad de Sídney, advirtió que esta medida podría orillar a los adolescentes hacia los “espacios más oscuros y no moderados de Internet”.
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“Las plataformas, y no los jóvenes y sus cuidadores, tienen que rendir cuentas de sus contenidos, y la reacción precipitada de la política provocó el caos en la industria, enfureció a los usuarios y exigirá un trabajo sustancial de las partes interesadas”, señaló el experto.
Esta nueva normativa entrará en vigor a partir de noviembre de 2025, y exigirá que plataformas como Instagram, TikTok, X, Faceebook y Snapchat implementen controles que impidan el acceso de menores de 16 años. Sin embargo, se excluyeron plataformas como YouTube y videojuegos online, debido a que se consideran de bajo riesgo.
Lisa Given, directora de la Plataforma de Impacto del Cambio Social de la Universidad RMIT, señaló que aún quedan muchos aspectos por aclarar, como las “medidas razonables” que deberán adoptar las empresas de tecnología. “Por ejemplo, mientras que los servicios que proporcionan ‘interacción social en línea’ estarían incluidos en la prohibición, esta no incluiría la ‘interacción comercial en línea’”, señaló Given.
Aunque tanto TikTok como Meta aseguran compartir el deseo de proteger la salud mental de los adolescentes, criticaron la falta de una consulta adecuada. TikTok instó al gobierno a colaborar en conjunto con la industria para mitigar los efectos negativos de su plataforma. “Queremos trabajar juntos para mantener a los adolescentes seguros y reducir las consecuencias imprevistas de este proyecto de ley para todos los australianos”, aseguró un portavoz de TikTok.
Mientras que Meta solicitó que se establezcan pautas claras y uniformes que no representen una carga excesiva. “La industria tecnológica ya trabaja para garantizar experiencias apropiadas para la edad y las voces de los jóvenes”, señaló Meta en un comunicado.
Con multas que podrían alcanzar los 32.1 millones de dólares, esta ley tiene el objetivo de proteger la salud mental de niños y adolescentes, pero su implementación parece ser un camino lleno de problemas.
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