Ahora que la 4T ya le cumplió su caprichito a AMLO y desapareció al INAI que ayudó a conocer parte de las muchas corruptelas del peligroso Cártel de Andy, los datos sensibles de todos los mexicanos están en grave riesgo.
No es falaz advertir que esta información que el INAI se encargaba de custodiar celosamente ahora está expuesta al hackeo de los ciberdelincuentes que, cada vez más, acceden ilegalmente a las plataformas tecnológicas de las dependencias del descuidado “gobiernito” cuatrotero.
Ahora lo sufre la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
La presidente formal Claudia Sheinbaum tiene hasta el lunes próximo para pagar el rescate que los ciberdelincuentes exigen al erario mexicano.
De no recibir dicho pago liberarán la información que está contenida en unos 313 gigabytes, entre la que se pueden encontrar desde datos privados de los trabajadores, correos electrónicos, contratos, datos financieros y administrativos de la dependencia.
Este tipo de situaciones se presenta cada vez con mayor frecuencia, debido a que por la dizque austeridad republicana no se han contratado los servicios de protección de datos tan necesarios como un simple antivirus en los teléfonos celulares y en los equipos de cómputo de la ciudadanía.
Cómo estarán de desprotegidos nuestros datos sensibles ¡si hasta la Defensa fue hackeada!
Y todo por las berrietas y caprichitos de AMLO que su sucesora pone fielmente en práctica.
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La reforma cuatrotera que deforma al Poder Judicial de la Federación obligó a ministros de la Corte, a magistrados y a jueces que no están de acuerdo con esa barbaridad a renunciar a sus cargos con fecha del próximo 31 de agosto.
Ahora el INE ha pedido al Congreso de la Unión que se amplíe hasta por 90 días la fecha en la que posiblemente se lleven a cabo las elecciones de las nuevas personas juzgadoras, debido no sólo al retraso que sufrieron por los amparos interpuestos para que no las implementaran y así no caer en desacato –hasta que ilegalmente el TEPJF les dio luz verde--, también por la infinidad de problemas logísticos que se les presentan para organizar esos comicios extraordinarios, entre otros los escasos recursos económicos que habrán de otorgárseles para ese efecto.
Los representantes formales del Congreso, Ricardo Monreal y Adán López, seguramente ya acudieron a su jefe López Obrador para obtener su permiso y, de ser así, retrasarán las susodichas elecciones, lo que implicaría ¡otra reforma a la reforma!
Hasta ahí, procesalmente, todo bien.
Pero si ya renunciaron los juzgadores, ¿quiénes se encargarán de impartir justicia durante septiembre, octubre y noviembre de 2025?
Habrá 90 días sin Poder Judicial.
¡Otro golpe de Estado técnico a cargo de la 4T!
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¿A qué obedece que los jóvenes recién egresados de las diversas facultades de Derecho –incluidas las “patito”-- no se hayan inscrito en tropel para participar en las elecciones de nuevos juzgadores?
Seguro, los más obtuvieron buenas calificaciones durante el desarrollo de sus carreras académicas. No dudo siquiera que ninguno de sus vecinos les haya regateado el extenderles una carta de recomendación por su buenas maneras y mejor conducta.
Entonces, ¿por qué no se inscriben?
Aventuro una hipótesis:
Le tienen miedo a la insaculación.
¿Y quién no?
Aún recuerdo aquel episodio que recién me fue narrado de un habitante de la sierra guerrerense que, cuando se implementaba la primera reforma política, la de don José López Portillo y don Jesús Reyes Heroles, sacó el machete y amenazó con la filosa arma al enviado de cierto partido político que les explicaba cómo sería la selección de candidatos en ese lugar:
-- Tú que me insaculas –le dijo como advertencia--, y yo que ¡te parto la madre!
Mejor usen tómbola.
A lo mejor así se animan dichos jovencitos. Tienen temor de que la 4T los acabe insaculando.
@AndySKBrown1
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