La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, dos altos funcionarios israelíes, por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Esto, sin duda, ha generado una fuerte reacción en Israel, donde muchos consideran que este tribunal no tiene autoridad para juzgar a sus ciudadanos.
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De igual manera, en 2023 la CPI pidió la detención de Vladimir Putin, presidente de Rusia, por crímenes de guerra y lesa humanidad, pero claramente esto no ha ocurrido. Se le acusó de la deportación y traslado ilegales de niños ucranianos de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Y aunque la orden de arresto fue emitida, Rusia no la reconoce y es improbable que el líder ruso sea arrestado.
Con estos dos actos, queda en evidencia que la CPI, aunque es un tribunal internacional que tiene como objetivo investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, su autoridad y efectividad son limitadas.
Y es que, aunque la CPI tiene una importante función en la promoción de la justicia internacional, no cuenta con el reconocimiento y la ratificación de algunos países al Estatuto de Roma que establece este tribunal, como los Estados Unidos, Rusia, China, entre otros.
Por tanto, la CPI solo tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en territorios de los países que han ratificado el Estatuto de Roma o cuando son cometidos por nacionales de esos Estados.
Además, este tribunal internacional no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar las órdenes de arresto, dependiendo de la cooperación de los países para poder llevarlas a cabo. A esto hay que sumarle que cuenta con recursos limitados y enfrenta desafíos financieros y logísticos para llevar a cabo investigaciones y juicios complejos.
¿Quiénes han sido arrestados a petición del CPI y por qué?
Slobodan Milosevic
El expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, se convirtió en el primer jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra. Fue detenido en 2001 por orden del primer ministro serbio Zoran Djindjic, quien luego sería asesinado el 13 de marzo de 2003.
Se enfrentaba a tres acusaciones por atrocidades cometidas en Kosovo, otra por crímenes en Croacia y una tercera por genocidio en Bosnia. Las tropas de Milosevic dejaron más de 200,000 muertos en Bosnia y 2 millones de personas sin hogar, además de llevar a cabo una limpieza étnica de albaneses en Kosovo. También se le atribuyó una presunta connivencia en la masacre de más de 7,000 varones musulmanes en Srebrenica en julio de 1995.
Milosevic fue hallado muerto en su celda en La Haya el 11 de marzo de 2006, antes de que pudiera concluir su juicio.
Charles Taylor
El expresidente de Liberia, Charles Taylor, recibió una condena de 50 años de prisión en un tribunal de crímenes de guerra de La Haya respaldado por Naciones Unidas, después de ser declarado culpable de ayudar, armar e instigar a los rebeldes de Sierra Leona durante la guerra civil de 1991-2002.
Según los jueces, los rebeldes fueron responsables de decenas de miles de asesinatos y violaciones. Una atrocidad característica de los rebeldes que invadieron Sierra Leona en la década de 1990 era cortar miembros con un machete o un hacha.
A Taylor se le atribuyeron 11 cargos, entre ellos terror, asesinato, violación y el uso de niños soldados. Pero la CPI, respaldada por las Naciones Unidas consideró que su influencia no alcanzaba la responsabilidad de mando.
La fiscalía del Tribunal Especial para Sierra Leona pedía una pena de 80 años de prisión, que la defensa consideró excesiva. Al final, Taylor se convirtió en el primer exjefe de Estado declarado culpable por crímenes de guerra en una corte internacional desde los juicios de Nuremberg contra los nazis.
Félicien Kabuga
El 29 de agosto de 1998, la CPI para Ruanda acusó al empresario Félicien Kabuga por genocidio. El acaudalado empresario burló durante más de dos décadas a los fiscales del tribunal, utilizando 28 alias y poderosas conexiones en dos continentes para eludir su captura. En mayo de 2020, finalmente fue detenido en París.
Los fiscales afirmaron que Félicien Kabuga colaboró con los escuadrones de la muerte en la matanza de tutsis y utilizó una emisora de radio para incitar al odio contra ellos. Unos 800,000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en el genocidio de Ruanda. Pese a que la justicia internacional llevó adelante un juicio en su contra, este fue suspendido por considerarse que sus problemas de salud mental no le permitían participar significativamente en el proceso, proponiendo un procedimiento alternativo.
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