En la actualidad, la tecnología ha revolucionado la forma en que se manejan los sistemas de justicia y seguridad. Uno de los ejemplos más destacados es el uso de brazaletes electrónicos para detenidos, dispositivos que se colocan en la muñeca o tobillo de una persona detenida o condenada, con el din de monitorear y controlar el movimiento, y sobre todo, la ubicación de la persona que lo lleva.
Este tema se ha puesto sobre la mesa luego del feminicidio de Alejandra Galeazzi en Puebla, asesinada presuntamente por su esposo, Jorge Mario 'N', quien intentó ocultar el crimen diciendo que ella había caído de las escaleras. Después de estar prófugo durante cinco años, fue capturado y recientemente se le otorgó libertad condicional con un brazalete electrónico, lo que ha generado críticas y controversia.
El uso de brazaletes electrónicos se remonta a la década de 1980 en Estados Unidos, donde se utilizaron por primera vez para monitorear a delincuentes que habían sido liberados bajo fianza.
Desde entonces, el uso de estos dispositivos se ha extendido a nivel mundial y se utiliza en una variedad de contextos, no solo en la justicia penal, sino en la inmigración y la salud mental.
Una combinación de tecnología permite que estos dispositivos funcionen, pues están equipados con tecnología GPS, que permite monitorear la ubicación exacta de la persona que lo lleva. También utilizan radiofrecuencia para comunicarse con una central de monitoreo y algunos, además, cuentan con sensores de movimiento, que permiten monitorear la actividad física de la persona que lo lleva.
Asimismo, tienen varias características que los hacen efectivos para monitorear y controlar a las personas detenidas o condenadas. Algunas de estas características incluyen resistencia al agua, batería de larga duración y emisión de alertas en tiempo real si la persona que lo lleva intenta quitárselo o se sale del área designada.
Por supuesto, tienen ventajas y desventajas. Entre las primeras están mayor seguridad para prevenir la fuga de personas detenidas o condenadas; menor costo comparado con la construcción y mantenimiento de reclusorios; y mayor flexibilidad, es decir, se puede utilizar en varios contextos.
Sin embargo, entre las desventajas en cuanto a la privacidad de quien lo porta, están los errores técnicos que generan falsas alarmas o incluso la pérdida de datos y la dependencia de la tecnología. Pero ¿qué pasa en caso de un apagón o de una falla en el sistema?
México ya utiliza los brazaletes electrónicos
En un esfuerzo por mejorar la seguridad y la justicia, 15 estados en México han implementado el uso de brazaletes electrónicos para monitorear a personas que enfrentan procesos penales.
Según información proporcionada por el Gobierno Federal, los estados que utilizan brazaletes electrónicos son 15:
1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Chihuahua
4. Coahuila
5. Durango
6. Guanajuato
7. Hidalgo
8. Jalisco
9. Estado de México
10. Morelos
11. Nayarit
12. Nuevo León
13. Puebla
14. Querétaro
15. Tamaulipas
La implementación de los brazaletes electrónicos en México comenzó en 2015, cuando el gobierno federal lanzó un programa piloto en el estado de Chihuahua. Desde entonces, otras entidades han seguido su ejemplo y han implementado su propio programa.
Desde 2018, el estado de Puebla ha utilizado brazaletes electrónicos para monitorear y controlar a los detenidos en proceso penal y en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad pública y la necesidad de mejorar el control y la supervisión de los detenidos.
La medida fue anunciada por el gobierno estatal en junio de 2018 y se inició su implementación en agosto del mismo año.
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Se utilizan en casos de detenidos en proceso penal y que han sido acusados de delitos graves, como homicidio, secuestro y robo; para monitorear y controlar a los detenidos que tienen antecedentes penales y que se consideran un riesgo para la sociedad; o para los que cuentan con medidas cautelares como prisión domiciliaria.
La implementación de los brazaletes electrónicos en Puebla ha tenido varios beneficios, incluyendo mejoras en la seguridad pública, reducción de fugas de detenidos y justicia más eficiente.
Sin duda son una herramienta efectiva para monitorear y controlar a las personas detenidas o condenadas. Sin embargo, es importante considerar las ventajas y desventajas de su uso y asegurarse de que se utilicen de manera responsable y respetuosa de los derechos humanos.
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