Medidas regulatorias del IFT, ¿protección a usuarios o reacción ante su posible desaparición?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México ha implementado recientemente una serie de medidas para proteger los derechos de los usuarios en el sector de telecomunicaciones.

Tras años de prácticas abusivas y contratos restrictivos de compañías de telefonía móvil que limitaban la libertad de elección de los consumidores, el organismo regulador prohibió el bloqueo de dispositivos móviles, lo que permite a los usuarios utilizar cualquier tarjeta SIM, sin importar el proveedor. Además, las medidas establecen que el proceso de portabilidad sea más rápido y transparente, eliminando trabas que históricamente habían hecho que cambiar de empresa fuera un trámite lento y frustrante.

Sin embargo, estas nuevas políticas plantean una interrogante en la opinión pública: ¿responden a una genuina preocupación por los derechos de los usuarios o a la presión política que amenaza con la desaparición del instituto?

Desde su creación en 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido el organismo encargado de regular y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Nació como un intento de promover la competencia y limitar el poder de los monopolios que, durante décadas, habían dominado el mercado mexicano.

Sin embargo, en sus más de diez años de existencia, los resultados del IFT han sido limitados y, en ocasiones, cuestionados. A lo largo de este tiempo, las quejas de los usuarios se han acumulado, denunciando obstáculos para cambiar de proveedor, cobros injustificados y cláusulas que parecían diseñadas para retener a los clientes a toda costa. Mientras tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo han evaluado recortar o incluso eliminar al IFT, generando dudas sobre su efectividad y el costo que representa para el erario público.

En su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el IFT, lejos de combatir los monopolios en telecomunicaciones, ha sido una estructura costosa y poco eficiente, que ahora podría ser absorbida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Te interesará leer: En la mira de la 4T, esto son los organismos autónomos constitucionales

Pero antes de estos cambios, era común observar diversas anomalías y prácticas abusivas en los contratos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Entre las quejas más comunes, incluían:

Bloqueo de dispositivos: los equipos móviles solían estar bloqueados para funcionar exclusivamente con la red del proveedor que los vendía, limitando la libertad de los usuarios de cambiar de empresa.

Cobros adicionales y cláusulas ocultas: muchos contratos incluían cláusulas con cobros adicionales por servicios no solicitados o tarifas de cancelación excesivas.

Dificultades para la portabilidad: aunque la portabilidad de número es un derecho de los usuarios, en la práctica, cambiar de compañía solía ser un proceso largo y complicado.

Servicios deficientes y falta de atención: muchos usuarios denunciaban la falta de atención por parte de las compañías de telecomunicaciones ante problemas técnicos o cobros erróneos, sumado a quejas de que el IFT no actuaba de manera contundente.

La incertidumbre sobre el futuro del IFT sigue siendo una realidad. Si bien las recientes medidas han sido un paso hacia la protección de los consumidores, aún queda por ver si serán suficientes para preservar su existencia. A medida que el debate sobre su permanencia se intensifica, los usuarios están atentos, con la esperanza de que, independientemente del futuro del IFT, las políticas de protección no sean temporales y que realmente se fortalezca la competencia en el sector.