Tanto Adán Domínguez como Paola Angón dejaron sin recursos y con una serie de irregularidades a los nuevos ayuntamientos presididos por Pepe Chedraui en Puebla y Tonatzin Fernández en San Pedro Cholula, respectivamente.
En la capital poblana, el edil acusó recientemente que la pasada administración dejó rentas sin pagar, un hoyo financiero de 600 millones de pesos, pagos pendientes a constructores por 200 millones y una lista de deudas que van desde los 1,500 hasta los 25 millones de pesos.
Por su parte, la administración encabezada por Paola Angón dejó las arcas vacías del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, quedando únicamente dinero para pagar las nóminas en lo que resta del año. La alcaldesa Tonatzin Fernández anunció que no dejaron recursos para ejecutar proyectos, solo para pagar a los trabajadores del ayuntamiento.
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— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) October 30, 2024
Pese a que "les dejaron prácticamente en ceros", la alcaldesa se San Pedro Cholula, @TonantzinFdz, dijo que no piensa solicitar algun crédito; además agregó que están revisando distintas irregularidades en la entrega-recepción
Desgraciadamente, este tipo de prácticas es muy común al término de una administración. En este cambio de ayuntamientos, se han presentado diversas denuncias de los alcaldes entrantes, que no han podido arrancar al 100 % a poco más de 15 días de haber rendido protesta, debido a la falta de recursos.
En el argot de la política mexicana, a este tipo de actos se le conoce como el “Año de Hidalgo”, que no es más que el saqueo de recursos y bienes públicos al final de una administración, además de excesos y actos de corrupción de los funcionarios salientes. Son prácticas muy comunes en los tres niveles de gobierno y que ocurren cada sexenio o trienio.
De acuerdo con un estudio elaborado por Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a nivel nacional, 4 de cada 10 empresas experimentaron en 2022 algún acto de corrupción por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que significa un incremento del 6.4 % respecto a 2020 y la cifra más alta desde 2019. Además, es impactante que 3 de cada 4 empresarios que fueron víctimas de corrupción no denunciaron, debido al temor a represalias o porque consideran que prevalecerá la impunidad.
En Puebla, este escenario se presenta trienio tras trienio. Cuando Enrique Doger Guerrero asumió la presidencia municipal, mencionó que recibió una administración endeudada por más de 400 millones de pesos de parte de Luis Paredes Moctezuma. La exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco acusó que su antecesor, el exedil suplente Luis Bank Serrato, no solo dejó el Ayuntamiento sin recursos, sino también endeudado. Al siguiente cambio de estafeta, le tocó a Eduardo Rivera criticar a la morenista, asegurando que dejó las arcas vacías en cuanto a recursos de libre disposición e incluso se gastó el fondo para atender desastres naturales, que era de 41 millones de pesos.
En el caso de San Pedro Cholula, el entonces alcalde José Juan Espinosa denunció que su antecesora, Dolores Parra, dejó una deuda de 7.5 millones de pesos. A su vez, entregó la administración a Luis Alberto Arriaga, quien trató de encubrir las irregularidades y asegurar que no había problemas, aunque la Auditoría Superior del Estado detectó algunas en su cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2015. Finalmente, cuando Paola Angón asumió la presidencia de este municipio, Arriaga le entregó el ayuntamiento prácticamente sin recursos, comprometiendo 53 millones de pesos.
