México, ¿en camino a tener un gobierno de facto?

A meses de culminar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 iniciativas, de las cuales 18 son constitucionales. Este paquete de reformas provocó una serie de críticas, ya que abarca una amplia gama de temas, entre los que destaca la propuesta para el Poder Judicial.

Ante este panorama, voces expertas en el tema no han dudado en señalar que los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, están empeñados en implantar en México un gobierno de facto.

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¿Qué es un gobierno de facto?

Un gobierno de facto es un gobierno que se establece en un país sin cumplir con el ordenamiento constitucional, es decir, sin aprobación electoral ni otros procedimientos establecidos en la Constitución.

Sin embargo, un artículo de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, publicado por la UNAM, proporciona una definición más amplia. Señala que los gobiernos de facto son aquellos que exceden los límites del Estado y ejercen su influencia para desplegar sus intereses más allá del interés legítimo que representan o deberían representar las instituciones políticas. Estos se manifiestan por cauces a menudo informales e incluso extralegales, quebrantan normas legales y políticas, son incómodos tanto para los gobernantes como para los estudiosos, irritan a los juristas porque atropellan la disciplina de los sistemas legales e incomodan a los politólogos cuando se salen de los límites de los regímenes políticos tradicionales.

Ninguna definición los comprende a todos porque los poderes fácticos son, valga la redundancia, manifestaciones de hecho; surgen más allá de las concepciones teóricas y las desbordan, imponiéndose por la fuerza de la realidad que intentan modelar según sus conveniencias.

Bajo este concepto y el escenario político que actualmente se vive en el país, México podría estar acercándose a este tipo de gobierno, en el cual según algunos especialistas, podría terminar el régimen democrático y la separación de poderes que prevalece en México, para dar paso a la monarquía constitucional o a la autocracia, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se convertiría en emperatriz o en una "superpresidenta" que concentra todo el poder, además del control absoluto del Poder Legislativo y del Judicial.

En la historia del país, ha habido algunos casos que podrían considerarse gobiernos de facto, aunque no son reconocidos como tales. Entre estos destaca el régimen de Antonio López de Santa Anna, que se caracterizó por su autoritarismo y la supresión de las libertades políticas; o el de Porfirio Díaz, quien gobernó desde 1876 hasta 1911 y estableció un régimen dictatorial que restringió las libertades políticas y sociales. De igual forma, el régimen que instauró Victoriano Huerta, que surgió después del asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez en 1913, fue considerado un gobierno de facto por la oposición y los gobiernos extranjeros; o el gobierno de Plutarco Elías Calles, quien gobernó México desde 1924 hasta 1934 y estableció un régimen autoritario que restringió las libertades políticas y sociales.

También en otros países se han establecido estos gobiernos de facto, como en Argentina, donde surgió en la década de 1970 tras un golpe militar que llevó a un período de terrorismo de Estado y violaciones de derechos humanos. Este régimen, conocido como Proceso de Reorganización Nacional, resultó en miles de desapariciones y muertes de disidentes políticos.

Chile también experimentó un gobierno de facto bajo el general Augusto Pinochet, quien tomó el poder en un golpe militar en 1973. Este régimen estuvo marcado por abusos generalizados de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones y represión política. El legado del gobierno de Pinochet continúa impactando a la sociedad chilena hasta el día de hoy, resaltando los efectos duraderos de los gobiernos de facto en el panorama político de un país.

En Bolivia, la crisis política tras las disputadas elecciones presidenciales de 2019 llevó a la renuncia del presidente Evo Morales y al establecimiento de un gobierno de facto bajo la expresidenta Jeanine Áñez. El gobierno interino enfrentó acusaciones de violaciones de derechos humanos y persecución política, generando preocupaciones sobre la erosión de las normas democráticas e instituciones.

En 2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue destituido por un golpe militar, lo que llevó al establecimiento de un gobierno de facto. Esta acción fue condenada internacionalmente y se consideró una violación del orden constitucional.

Después de las protestas masivas contra el gobierno del presidente Mohamed Morsi en Egipto en 2013, el ejército lideró un golpe de Estado y destituyó al presidente. Durante el gobierno de facto que siguió, se impusieron restricciones a la libertad de expresión y se llevaron a cabo violaciones a los derechos humanos.

Venezuela se encuentra dentro del debate sobre si cuenta con un gobierno de facto, después de que Nicolás Maduro asumió un segundo mandato como presidente de este país, a pesar del rechazo de una parte de la comunidad internacional, que desconoce las elecciones de mayo de 2018 por considerar que estas no contaron con garantías democráticas.