El proyecto de sentencia realizado por el ministro del supremo tribunal de justicia de México, Luis González Alcántara, que fue publicado el lunes, propone declarar "parcialmente inconstitucional" la reforma al Poder Judicial que contempla la elección por voto popular de las máximas cortes y unos 1.700 jueces federales.
"Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad", se lee en el capítulo final titulado "Efectos" del proyecto.
El documento de 366 páginas fue publicado por la Suprema Corte de Justicia en su cuenta oficial de la red social X.
????#ÚltimaHora #LaCorte publica el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relacionado con los expedientes vinculados a la denominada #ReformaJudicial del 15 de septiembre de 2024.
— Suprema Corte (@SCJN) October 28, 2024
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Esta propuesta, que será sometida a votación, responde a una acción judicial de inconstitucionalidad promovida contra la reforma al Poder Judicial, la cual fue aprobada por el Congreso y promulgada el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dos semanas antes de terminar su mandato.
La reforma apoyada por la bancada oficialista y su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, desencadenó protestas por parte de jueces y magistrados, quienes realizaron un paro de labores por más de dos meses que comenzó el 21 de agosto y fue levantado el lunes.
MEDIDAS
El ministro propone invalidar la creación de Comités de Evaluación encargados de conformar listas de candidatos que irán a la boleta electoral, según la reforma a la Constitución vigente.
"La nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial", dice el proyecto de sentencia.
El ministro considera que el método de postulación de candidatos para una elección por voto popular corrompe el régimen democrático.
"Es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación, corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática", argumenta el ministro.
Además, el juez de la Suprema Corte considera inválido el despido de unos 1.700 juzgadores, porque argumenta que va en contra del derecho a un trabajo seguro y legal.
A mediados de octubre, el Senado seleccionó, mediante una tómbola cuestionada por la oposición, a 850 cargos judiciales que se elegirán por voto popular en una votación extraordinaria el primero de junio de 2025, y el resto será elegido en 2027.
"La vulneración a la división de poderes se traduce en una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva", indica el proyecto de dictamen.
El magistrado sostiene que la reforma promulgada viola las garantías de las personas a ser juzgadas por un "tribunal independiente e imparcial", en un debido proceso con un tribunal integrado por personas idóneas.
Asimismo, sostiene que la simultaneidad de las elecciones para jueces y magistrados respecto de los comicios de los poderes Ejecutivo y Legislativo genera una "presión política externa que influye directamente en la decisión de los votantes en la elección judicial", indicó en el documento.
El ministro también consideró inconstitucional la reducción salarial de los magistrados y jueces, por vulnerar las garantías de inamovilidad, irreductibilidad salarial e independencia judicial.
La propuesta, cuya discusión aún no está programada en la Corte Suprema, plantea también la invalidez de la nueva figura de "jueces sin rostro" para delitos de alto impacto ligados al crimen organizado.
Para que el proyecto sea aprobado, se requieren los votos de ocho de las once magistraturas de la Suprema Corte, y hasta la fecha sólo tres juezas apoyan los cambios impulsados por López Obrador: las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes fueron propuestas por el exmandatario al máximo tribunal.
González Alcántara fue nombrado juez de la Suprema Corte en 2018 tras ser nominado por López Obrador y fue ratificado por el Senado, poco después de comenzar su mandato en diciembre de ese año.
El exmandatario se distanció a finales de 2023 del ministro por su posición en contra de la abolición de fideicomisos del Poder Judicial, y por plantear la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional encargada de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas.
