Finalmente, se confirma que la administración de Adán Domínguez sí dejó un hoyo financiero. Fue el propio presidente municipal, Pepe Chedraui, quien lo anunció, y aunque no se ha definido el monto oficial hasta que finalice el análisis de la situación financiera del municipio, se especula que el adeudo ronda entre los 450 y 680 millones de pesos.
Te interesará leer: Seguridad, la promesa incumplida que Chedraui y Cuautle buscan revertir ante la crisis en Puebla
Para entender la magnitud del problema, es importante definir que un hoyo financiero es una situación en la que los gastos superan los ingresos, es decir, un balance desfavorable que se traduce en un déficit, generando una situación adversa que, en la mayoría de los casos, lleva al endeudamiento.
En pocas palabras, la administración municipal saliente gastó más de lo que los ingresos y recursos disponibles permitían, generando problemas para cumplir con las obligaciones financieras, como el pago de deudas, salarios de empleados y otros gastos esenciales para el desempeño cotidiano de las actividades.
Esta situación puede traer consecuencias para los responsables, ya que en México, los servidores públicos que desvíen recursos públicos pueden ser sancionados con una amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de tres días a un año; destitución del puesto; sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público o incluso la pérdida de la libertad.
La gravedad de la sanción depende de los daños y perjuicios patrimoniales causados. Además, el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que un servidor público es responsable de desvío de recursos públicos si autoriza, solicita o lleva a cabo actos para la asignación o desvío de recursos públicos sin fundamento jurídico o que contravienen las normas aplicables.
Por supuesto, también hay consecuencias para la ciudadanía cuando existe un hoyo financiero en el gobierno municipal, ya que esto puede afectar algunos servicios públicos, reducir o eliminar inversiones en proyectos de infraestructura, aumentar el costo de ciertos servicios, deteriorar la calidad de los servicios públicos e infraestructura, aumentar la deuda pública, impactar negativamente en la economía local y reducir algunos programas sociales.
.gif)