A pesar de que existen errores en la reforma al Poder Judicial y que fueron reconocidos por los legisladores de Morena en días pasados, tanto la Cámara Alta como la Baja, aprobaron las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, que regularán la primera elección en urnas de jueces, magistrados y ministros.
De esta forma, en la primera elección que se llevará a cabo en 2025 se elegirán 386 jueces federales, 464 magistrados de Circuito y nueve ministros de la Corte. Esto significa que entre un sinnúmero de personas, los ciudadanos deberán elegir a los próximos integrantes del Poder Judicial. Una raya más al tigre de este polémico tema, tomando en cuenta que en tiempos electorales las personas siempre han mostrado desinterés por conocer a los candidatos, conociendo solo a uno o dos, o de plano, no conociendo a ninguno de los participantes.
Ahora, ante este panorama, difícilmente se interesará la ciudadanía por la elección de las y los jueces y magistrados a nivel local, así como de los jueces y magistrados, magistrados electorales, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y ministros a nivel federal. Esto en virtud de que para cada puesto serán seleccionados seis candidatos (2 por el poder ejecutivo, 2 por el judicial y 1 por cada una de las cámaras —senadores y diputados—).
En el caso de Puebla, respecto a los juzgadores federales, conforme a la tómbola llevada a cabo el pasado sábado 12 de octubre, serán 30 titulares (13 juezas y jueces y 17 magistradas y magistrados) los puestos que para 2025 serán motivo de elección, lo que significa que se tendrán 180 candidatos para cubrirlos.
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De acuerdo con el artículo 96 constitucional, si a ello se le añade que, según el propio precepto legal, estará prohibido el financiamiento público o privado de las campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos, y que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán ejecutar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, entonces no deja lugar a dudas de que será un rotundo fracaso.
Para Heriberto Avelar, integrante del Poder Judicial Federal en el estado, esta situación generará incertidumbre sobre la idoneidad de cada uno de los candidatos, en caso de existir más candidaturas que puestos a elegir. Al no resultar una persona conocida, augura que únicamente tendrán un reconocimiento social quienes hayan participado en la vida pública, lo que por sí solo no garantiza que resulte vencedor el más capaz, honesto, profesional y con los conocimientos jurídicos suficientes para desempeñar el puesto de juez, magistrado, magistrado electoral, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial o ministro, lo cual crearía una crisis constitucional en el corto plazo.
Es importante recordar, dijo, que al inicio de la presentación de las iniciativas, entre otras, la judicial se presumía que la elección de cargos judiciales mediante voto popular se implementó en Bolivia en 2009. Para ello se han llevado a cabo dos procesos, uno en 2011 y otro en 2017. Sin embargo, en voz de los expertos, en ellos predominó el voto nulo, lo cual explica que a la ciudadanía no le interesa dicha elección.
Además, se sumó que las dos elecciones tuvieron avance dado que se mantenía el mismo partido en el poder, lo cual ya no ocurrió en 2023. Al no ponerse de acuerdo los partidos, esta no se ha llevado a cabo, lo que ha creado una crisis judicial en Bolivia que va más allá de la elección de magistrados. De acuerdo con estudios en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado, entre otros problemas, el retardo en los procesos, la falta de acceso a la justicia y la afectación a la independencia judicial, ya que obedecen a intereses del poder político de turno.
Entonces, para el caso de México, Heriberto Avelar mencionó que los ciudadanos ya tienen bastante con las elecciones cada 3 años: "Quizá, por morbo, la primera elección tenga una concurrencia aceptable, pero pronto se desencantaría el ciudadano de dicho método de selección que poco ofrece para resolver los problemas que aquejan al país, en seguridad y justicia", comentó Avelar.
Por último, mencionó que el hecho de que para la elección de 2025, respecto de jueces y magistrados federales, solo en el estado de Puebla se tendrán 180 candidatas y candidatos y 30 urnas, complicaría bastante llevarla a cabo sin el conocimiento necesario de los mismos. Esto sin contar que faltarían los candidatos estatales para los puestos del orden local: "Una verdadera tomadura de pelo, una ocurrencia y capricho sin duda", concluyó Avelar.
