Las autoridades mexicanas deben restablecer el diálogo con las familias de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, planteó este jueves el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en el décimo aniversario del inicio de la desaparición forzada de los jóvenes.
"La extrema gravedad de lo ocurrido, los resultados insatisfactorios -reconocidos por todos los actores- y la perseverancia de las familias hacen imprescindible recuperar el diálogo, restablecer la confianza y adoptar acciones renovadas que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido", dice un pronunciamiento de la representación permanente de Acnudh en el país norteamericano.
El propósito de ese diálogo interrumpido es "develar la verdad y castigar a todas las personas que participaron por acción u omisión en los hechos", señala el comunicado.
Esa instancia internacional reconoce "la dignidad inquebrantable de las familias de los normalistas".
Acnudh saluda el encuentro sostenido entre la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con los padres y madres de Ayotzinapa el pasado 29 de julio.
"El diálogo franco y constructivo es indispensable para revertir el estado actual del proceso y generar resultados tangibles.
La tragedia comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014 con el ataque a cinco autobuses en los que viajaban un centenar de jóvenes de primer año de magisterio hacia la capital del país, para participar en una manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes universitarios de 1968.
"Las madres y padres siguen reivindicando con claridad y firmeza el único objetivo que les ha impulsado desde el primer día: encontrar a sus hijos y lograr que se haga justicia, sancionando a los responsables", señala el organismo.
Acnudh reconoce los esfuerzos desplegados por los funcionarios públicos que se han comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia.
"Nos solidarizamos con aquellos que han enfrentado consecuencias negativas inaceptables por su determinación", indica el posicionamiento sin mencionar sus nombres ni cargos.
DIEZ AÑOS DE BÚSQUEDA
Policías de cinco municipios persiguieron y balearon a los estudiantes en la ciudad de Iguala, a 220 kilómetros de la Ciudad de México, donde murieron dos alumnos y tres transeúntes, varios resultaron heridos y 43 estudiantes fueron detenidos y entregados al grupo criminal autodenominado Guerreros Unidos que los habría asesinado, pero sólo los restos de tres muchachos han sido confirmados con estudios genéticos en restos óseos calcinados.
A 10 años de la tragedia, el organismo de la ONU alienta al Estado mexicano, tanto a las autoridades civiles como militares, a superar los obstáculos que han impedido alcanzar los objetivos de esclarecer el destino de los desaparecidos.
"A lo largo de esta década, valoramos el acompañamiento profesional que han brindado las organizaciones de la sociedad civil a las familias de los normalistas, su contribución ha sido fundamental y merece ser reconocida de manera objetiva", prosigue el recuento.
Este caso ilustra los desafíos que enfrenta el Estado mexicano para proteger a las personas contra las desapariciones forzadas.
Acnudh reafirma su llamado del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas a las autoridades mexicanas a "adoptar una agenda vigorosa", basada en 10 temas prioritarios que impulse las soluciones que las víctimas y sus familias merecen, atendiendo la naturaleza específica de cada caso.
Los expertos internacionales llaman para que las movilizaciones y expresiones de solidaridad de esta jornada en la capital del país y otras ciudades "se realicen dentro de los cauces propios de una sociedad democrática en la que se ejerce, respeta y protege el derecho de reunión pacífica".
Finalmente, el organismo refrendó su compromiso de seguir acompañando a las familias de los normalistas desaparecidos y a las autoridades que están dispuestas a alcanzar la verdad y la justicia.
La fiscalía sostiene la hipótesis de que el quinto autobús de los vehículos "ocupados" por los jóvenes en la terminal de autobuses de la ciudad de Iguala estaba "cargado" con heroína con destino a Chicago, norte de EEUU.
Los familiares exigen a las Fuerzas Armadas la entrega de 800 folios con información castrense, presuntamente sustraídos de los expedientes judiciales y consumar las órdenes de aprehensión de militares.
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