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El 11 de septiembre el Pleno del Senado aprobó la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente, en medio de protestas, en el Congreso del Estado se aprobó con 28 votos a favor y 10 en contra, la minuta de proyecto de decreto que avala la Reforma Constitucional enviada por el Senado de la República.
A propósito de toda la información que se generó en torno a esta reforma judicial, ¿de qué manera afecta o que es lo peor que tendrá que sufrir el ciudadano común, el de a pie, cuando acuda a cualquier instancia del Poder Judicial a ejecutar un trámite?
“No tendrá certeza de que los jueces que lleguen tengan la capacidad jurídica para resolver su situación”, aseguró en entrevista para Imagen Poblana, Heriberto Avelar Gutiérrez, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios federales en el estado de Puebla.
Lo que tendrá que sufrir la sociedad con esta reforma al acudir a estas instancias, agregó, será no contar con una certeza jurídica que lo ayude a resolver su problema, quedando en un estado de indefensión.
"Cuando se da un despido injustificado, cuando está atorado en los tribunales laborales porque no se cuantificó bien una plantilla, porque no se resuelve su pensión o simple y sencillamente porque llegaron y le clausuraron su negocio, entonces no tiene esa certeza de que el juez sea independiente al municipio, al estado o a la federación".
Avelar Gutiérrez aseguró que ese es el miedo que ronda entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), "no tanto que si nos bajan los sueldos o que se queden sin trabajo los 2,743 jueces, ese sería el menor de los problemas".
Sostuvo que el problema que va a enfrentar la sociedad es la certeza que va a tener cuando el juez resuelva su caso, recordando que el 95 % de los asuntos en el PJF se llevan mediante la figura del amparo. En este sentido, Heriberto Avelar cuestionó de qué forma actuará el juez cuando las demandas de la gente son en contra de un acto de una autoridad.
"Yo pregunto: ¿y este juez fue preseleccionado por el presidente de la República o por cualquiera de las cámaras que sea afín a un partido político, que independencia tendrá al resolver, cuando esté afecte a alguna dependencia? Esa es la gran interrogante", manifestó.
Puso de ejemplo el caso de Venezuela, donde de 3,000 asuntos en los que está implicado el estado, solo uno se resuelve a favor del ciudadano y, en ese sentido, agregó, es muy complicado después vencer al estado o someterlo a lo que está establecido en la Constitución.
Lamentó la aprobación de esta reforma a la ley, ya que la gente quedará indefensa ante los actos de injusticia que se cometen en dependencias gubernamentales.
"En los juzgados mixtos que son de amparo civil administrativo y de trabajo, vemos mucho eso: el desgaste de la ciudadanía para que le otorguen la atención siendo un derechohabiente, porque no hay medicamento, porque no hay material quirúrgico, porque están saturados. Entonces de igual forma el PJF, cuando menos en el estado de Puebla, ha sido un contrapeso para someter a las autoridades y cumplan a la ciudadanía lo que está establecido en las leyes que aprueba el propio legislativo", dijo.
A decir de Avelar Gutiérrez, esa es la base principal de su labor: defender a la ciudadanía, "es un contrasentido que si el legislativo o el ejecutivo manda una iniciativa para mejorar ciertos aspectos de educación o de salud, y que después las instancias que ellos mismos administran no tengan esa capacidad de respuesta, entonces después tenga que intervenir el PJF para que se cumpla lo establecido. Esa es la base principal de nuestra labor, no tanto los procesos penales federales que también se llevan, pero son la minoría de los asuntos".
Por su parte, Mayra Alvarado, oficial judicial C, coincidió en que la sociedad sufriría la falta de jueces con conocimientos en la carrera judicial.
"La carrera judicial que venimos defendiendo son personas que han venido desde abajo y que para poderse superar han tenido que pasar exámenes, años de experiencia y obviamente dentro de la materia", sentenció.
Dijo que con la aprobación de la reforma judicial, los ciudadanos sufrirán las consecuencias de tener juzgadores impuestos sin ningún tipo de experiencia dentro de la carrera judicial, "tendremos justiciables que se deben a un partido político y eso es un riesgo enorme", finalizó.
