Lista la del Poder Judicial, ¿qué otras propuestas faltan de las 20 de AMLO?

Fue el 5 de febrero pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y dos de leyes secundarias, para cerrar su sexenio. La semana pasada se aprobó la primera y una de las más polémicas, la del Poder Judicial de la Federación (PJF), aunque todavía están pendientes las otras 19 que se vislumbran igual de controvertidas.

Este 15 de septiembre el presidente firmó el decreto de la reforma al PJF, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de que el próximo año empiecen las elecciones para jueces, magistrados y ministros. Esta ha sido la reforma más criticada y discutida en el cierre de sexenio de AMLO, pero sólo es el inicio del cambio constitucional que propuso a inicios de año.

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¿En qué consisten las otras 19 reformas de AMLO?

1. Reformar el artículo 2 de la Constitución Mexicana para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. Esta garantiza la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, la educación plurilingüe e intercultural.

2. Garantizar las pensiones del Bienestar de adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad y becas como un derecho constitucional universal. Estas tendrán aumentos progresivos año con año, por lo que los montos que reciban los beneficiarios nunca podrán disminuir.

3. En el mismo sentido, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad con montos que aumentarán todos los años de manera progresiva. Las “Becas Benito Juárez” pasarán a ser reconocidas como derechos constitucionales, al igual que ya lo son otros apoyos del Bienestar.

4. Otra es la reforma al artículo 4 de la Carta Magna, a fin de garantizar la atención médica integral de manera gratuita y universal a todos los mexicanos.

5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, a través de una reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Con esto, los trabajadores que coticen al menos un año podrán arrendar una casa con rentas no mayores al 30 % de sus ingresos. Quienes renten una casa por diez años, tendrán derecho a adquirirla.

6. En materia de bienestar animal, se modificarán los artículos 3, 4 y 73 de la constitución para eliminar el maltrato animal en todos los ámbitos, incluidos los que son para consumo humano, y los de compañía.

7. También se declarará al territorio nacional libre de maíz transgénico y se prohibirá la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No se darán más concesiones para minería a cielo abierto y se sancionará a quienes la practiquen.

8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

9. En cuanto a la prohibición de sustancias, se vetará el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Esto también incluye aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, añadiendo la extorsión, la delincuencia organizada y la defraudación fiscal, como la de los “factureros”.

10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual, esto mediante una reforma al artículo 123.

11. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.

12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE y les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario.

13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año. También se elevará el programa “Jóvenes construyendo el futuro” a rango constitucional.

14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida.

15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. También se le da más relevancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como “empresa pública estratégica”.

16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos cambiando los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122. Esto contempla eliminar a los 200 diputados federales y a otros 64 senadores, borrando así el principio de representación proporcional.

17. Para evitar que la Guardia Nacional “se corrompa” como sucedió con la extinta Policía Federal, se reinscribirá a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con modificaciones a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Mexicana.

18. Reformar el artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público gane más que lo que percibe el presidente del país. Tampoco se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes.

19. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, “supuestamente autónomos”, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.

¿Cuáles ya tienen avances?

Aunque la mayoría de estas todavía no ingresan al Congreso de la Unión ni están dictaminadas para su aprobación, hay unas que ya tienen avances considerables y que, gracias a la mayoría de la 4T en el Legislativo, podrían ser una realidad en las próximas semanas, como la reforma a la Guardia Nacional.

Esto consiste en darle más poder a la SEDENA al traspasar los más de 120,000 elementos que hoy tiene la Guardia Nacional, además de que faculta al Legislativo para ratificar los nombramientos de altos mandos que haga el jefe del Ejecutivo en la institución. Tales cambios se han advertido como la militarización de la seguridad pública del país, algo que ya se intentó en este sexenio.

En agosto del 2022, el Ejecutivo traspasó la Guardia Nacional a la SEDENA, pero en abril del año pasado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional tal cambio, siendo uno de los detonantes por los que se reformó el Poder Judicial. A día de hoy, es una de las pocas que ya está en su discusión previa a su inminente aprobación.

También está la eliminación de siete órganos autónomos constitucionales: el INAI, el CONEVAL, la COFECE, el IFT, la CRE, la CNH y la MEJOREDU. De todos estos, el que más ha preocupado es el INAI, ya que es el organismo que garantiza el acceso a la información y la protección de datos personales de la población. Además, al irse sus funciones pasarán al Ejecutivo, lo que supone más concentración de poder.

Estas dos son las principales reformas que se prevé causen la misma polémica, discusión y críticas que causó la reforma al PJF, aunque en el futuro cercano hay otras en el mismo panorama como el aumento de la prisión preventiva oficiosa y la réplica de la reforma energética como la que antes declararon inconstitucional.