En la madrugada del miércoles concluyó la sesión en la que se aprobó en lo general y en lo particular la Reforma al poder judicial en la cámara de senadores. Al tratarse de una reforma constitucional ahora deberá ser aprobada en al menos 17 congresos locales, al cierre de esta edición ya se había aprobado en 16 (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) y se rechazó en uno (Querétaro). En el transcurso del día se espera una aprobación más y el presidente López Obrador podría publicarla en el Diario Oficial de la Federación este mismo fin de semana.
La Reforma Judicial representa el famoso “Plan C”. Muchas reformas que la Cuarta Transformación promovió fueron detenidas por amparos que el poder judicial concedió para privilegiar a particulares por encima del interés nacional. A lo largo del sexenio hubo múltiples intentos conciliatorios con este poder, muchos llamados a la reflexión y la petición para que se redujeran sus altísimos salarios y magníficos estipendios. Norma Piña se engrió, se sintió impune, la realidad le dio un palmo de narices el 2 de junio.
Han sido jornadas intensas desde el 5 de febrero en que se anunció la propuesta, fue soslayada por la mayoría de los ministros del Poder Judicial; no obstante, otras ministras como Lenia Batres y Loretta Ortíz organizaron foros en las calles para informar y promoverse a favor de la reforma. Cuando ya se sentía cercana la reforma, empezó el lagarto a retorcerse de forma violenta como lo hizo allanando la sede del senado y la de varios congresos locales, incluido Puebla; Piña demostró torpeza por soberbia.
Una de las principales críticas que escuchamos sobre la reforma fue la manera en que se elegirán a los jueces y magistrados por voto popular, lo que terminaría con la carrera judicial. Esto es falso. Actualmente no hay carrera judicial objetiva e imparcial, así lo prueban al menos un centenar de tesis de titulados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, de la UAM y de la UAEMEX, entre otras.
Los estudios en comento revelan que desde la categoría más baja no se asegura que quienes obtengan las plazas hayan sido los que pasaron las pruebas de habilitación, más bien se denuncia un serio problema de nepotismo que es una forma de corrupción y que deriva inevitablemente en otros problemas como el conflicto de intereses. Las redes familiares son tan grandes y comunes que al menos el 50% de los trabajadores tiene dos familiares, el 25% tiene 4, la red familiar más grande tenía 65 miembros trabajando.
En el Consejo de la Judicatura el 89% de las redes familiares va entre 2 y 5 trabajadores porque los titulares de área, incluyendo jueces y magistrados, pueden asignar de forma directa plazas, algunos lo hacen de forma directa y otros más de forma cruzada, que un juez designe plazas a los hijos de otro juez para que después el otro juez actúe recíprocamente.
En la gráfica siguiente se presentan los Circuitos con los porcentajes más altos de trabajadores con familiares. Observamos que en Guanajuato y Aguascalientes 8 de cada 10 tienen familiares, es decir, parece que menos del 20% de los trabajadores no entraron por nepotismo, pero no descartamos las redes de amistad, compadrazgo y apadrinamiento lo que elevaría los porcentajes. ¡El poder judicial es una empresa familiar! Con esos datos, ¿se atreven las hordas violentas que irrumpieron en el senado a mantener los argumentos de “carrera judicial”?
Elaboración propia con datos de Consejo de la Judicatura
Por otro lado, los trabajadores del poder judicial no pudieron conectar su protesta con el pueblo y en la calle obtuvieron más rechiflas y mentadas de madre que adhesiones. No es gratuito, la gente no confía en los jueces. Es un poder corrompido en el que hemos normalizado que “la ley es de quien puede comprarla” y para “agilizar el trámite” se debe repartir dinero a mecanógrafos, actuarios, diligenciarios, secretarios y jueces.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023) sólo 3 de cada 10 mexicanos confían en los jueces, menos del 15% confía “mucho”. El 70% no confía en ellos. El 66% considera a los jueces son corruptos, ocupan el tercer lugar, sólo por debajo de los agentes de tránsito local y policías municipales. En contraste, Andrés Manuel cierra su sexenio con una aprobación mayor al 70%. En serio, con estas cifras ¿Norma Piña quería encontrar apoyo popular?
Nuestro país que ha sido despojado, maltratado y vapuleado por políticos y jueces corruptos durante muchos años, necesita con urgencia la transformación de la vida pública a través de esta revolución y revolución significa cambiar todo lo que debe ser cambiado, así que ni un paso atrás, ¡qué siga la necesaria transformación!
*Profesor-Investigador Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras
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