La Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de "terrorismo" que emita una orden de aprehensión contra Edmundo González, el candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La medida se toma en el marco de una investigación que acusa al líder antichavista de varios delitos, incluyendo "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público" en relación con las actas electorales de las recientes elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024.
El requerimiento de la Fiscalía se produce tras tres citaciones a las que González decidió no presentarse, argumentando desconocer en calidad de qué debía comparecer y negando la validez de los cargos que le atribuye el Ministerio Público (MP). Según el documento oficial emitido por la Fiscalía con fecha 02 de septiembre de 2024, el opositor también enfrenta acusaciones de "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación para delinquir".
Por su parte, el caso está relacionado con la publicación de una página web en la que la PUD aseguró haber cargado el 83,5 % de las actas electorales, las cuales, según la coalición opositora, respaldan su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales. Estas actas fueron divulgadas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, un resultado que ha sido cuestionado por varios países, algunos de los cuales reconocen que González ganó por amplio margen.
Así, la Fiscalía había advertido que si Edmundo González no asistía a la tercera citación, se emitiría una orden de aprehensión, justificando la medida ante un supuesto "peligro de fuga". En respuesta, el 25 de agosto de 2024, el líder opositor difundió un video en redes sociales, donde afirmó que el MP busca someterlo a un interrogatorio sin aclarar bajo qué condición sería citado y adelantando cargos "no cometidos". Además, acusó al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como "un acusador político" y de impulsar una citación sin garantías de independencia ni debido proceso.
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