Como en cada inicio de ciclo escolar, padres de familia suelen padecer serios problemas económicos para hacer frente a los gastos que genera el regreso a clases. Y es que además de invertir en la compra de útiles escolares, calzado y uniformes, también deben cubrir las mal llamadas cuotas voluntarias, que realmente nunca ha sido voluntarias y que, a pesar de los pronunciamientos de la Secretaría de Educación Pública, siguen vigentes y son utilizadas en diversos planteles para condicionar el ingreso de los estudiantes al nuevo periodo de clases.
Y es que, de acuerdo con la SEP, a través de la Ley General de Educación, está establecido que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio a los educandos. Además, refiere en su artículo sexto que en ningún caso se entenderá como contraprestaciones del servicio educativo cualquier donación o cuota voluntaria destinada a la educación que imparte el Estado.
Incluso establece que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
Pero la realidad es muy distinta, ya que año con año las escuelas públicas de todo el país solicitan a los padres de familia esta cuota "voluntaria" como requisito para que los menores puedan cursar el siguiente año escolar. Y a pesar de las quejas y manifestaciones en contra de estos cobros, pocas veces se obtiene una respuesta favorable.
De hecho en el 2023, la SEP en Puebla expuso que las cuotas no son obligatorias, ya que sería una forma de condicionar el ingreso a los alumnos a las instituciones educativas a cambio de dinero, limitando de esta forma el acceso a una educación pública y gratuita.
Por ello, decidió cambiarle el nombre a "aportaciones voluntarias”, las cuales deben ser acordadas entre los padres de familia de cada institución y una persona será la encargada de administrar este recurso, ya sea el presidente o tesorero del comité de padres, el cual, deberá rendir cuentas a toda la comunidad escolar a través de informes bimestrales. Además, advierte que quedan excluidos tanto docentes como trabajadores de las escuelas para administrar el dinero de estas aportaciones. Es decir, solo se le cambió el nombre, y hasta el momento se siguen cobrando estás cuotas "voluntarias".
¿Para qué sirve el dinero recaudado?
Según la SEP, el dinero recaudado en las aportaciones voluntarias de los padres de familia es utilizado para cubrir las necesidades de cada institución, es decir, en el mantenimiento o adquisición de mobiliario escolar, equipo de audio, cómputo, material didáctico, deportivo, de talleres o laboratorios, instrumentos para banda de guerra, pagos de servicios, entre otros.
En algunas escuelas, este dinero se destina al pago de energía eléctrica, pipas de agua, combustible para desbrozadoras y materiales para la limpieza de sanitarios y aulas.
¿Y el recurso que aporta el gobierno?
De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2024, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos son los responsables de administrar el recurso, decidir en qué se puede emplear para mejorar la infraestructura escolar y contratar a quien sea necesario para ejecutar los proyectos particulares de cada escuela.
Es decir, los Comités Escolares de Administración Participativa, por conducto de los tesoreros, son los únicos y absolutos responsables de la disposición, recepción, custodia, administración y ejercicio del subsidio, además, son los encargados de vigilar y verificar el uso de los mismos para los fines establecidos en las Reglas de Operación, así como el resguardo y conservación de la documentación original comprobatoria correspondiente.
Sin embargo, en años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (AFS) ha hecho énfasis en que no existe certeza de que los recursos asignados hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles. Incluso, señala que en el 2020, reportó que aún está pendiente la aclaración, sobre el uso de 573’000,000 de pesos del programa La Escuela es Nuestra, lo que significa la mitad de los 1'187,000,000 de pesos del presupuesto auditado en 2020.
Añade que hay expedientes de 1,686 planteles beneficiados en 2020, pero no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa.
Incluso, se dio a conocer el caso de una escuela pública en Puebla donde la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que tomó 82,000 pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha se tenga el reporte de que los haya devuelto.
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