Agresiones y asesinato de periodistas, delitos severamente castigados

En Puebla la labor periodística se ha vuelto una actividad de riesgo, pues la entidad figura como la tercera con más agresiones, según el último informe de Artículo 19. Aunado a esto hay casos donde los comunicadores son agredidos por funcionarios, como el caso de las Natalie y Michelle Hoyos López, quienes en 2023 fueron torturadas en Izúcar de Matamoros por trabajadores de la edil, Irene Olea.

De acuerdo con Artículo 19, Puebla es el tercer estado de México que registra más agresiones a periodistas, toda vez que entre 2018 y 2024 se dieron un total de 241 hechos violentos contra la prensa. Uno de estos fue el de Natalie y Michelle Hoyos, quienes entre el 10 y el 11 de marzo del 2023 fueron detenidas por policías municipales, quienes procedieron a torturarlas física y sexualmente.

Este 18 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de seis servidores públicos involucrados en el caso de Natalie y Michelle. Se trata de cinco policías municipales de Izúcar, Abel S, Víctor V, Abraham N, Jonathan N y Mariela M, más Jesús V, el juez calificador, a los que suman otros 11 implicados en la detención arbitraria y tortura de las periodistas.

México es un país donde la profesión del periodismo se ha vuelto riesgosa, ya que en lo que va del siglo XXI 166 comunicadores fueron asesinados por actividades relacionadas con su labor informativa. Este es un delito federal que va en aumento y no ha parado, pues en la mayoría de los casos está marcado por la impunidad.

En el Código Penal Federal se establece en el artículo 51 que cuando se cometa un delito doloso contra un periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o libertad de expresión, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. Es decir, cualquier delito se incrementará hasta un tercio si se comete en contra de un periodista.

Para el caso del asesinado, en el artículo 320 se dicta que en el homicidio calificado se impondrán de 30 a 70 años de prisión. De ahí, las penas en los estados variarán de acuerdo con la legislatura; por ejemplo, en Puebla el Código Penal del Estado dice que se darán penas de 13 a 20 años de prisión a quien cometa homicidio, y la desaparición forzada se agravará si se hace contra un periodista.

Por otra parte, si los delitos del fuero común se hicieron en agravio de un periodista o instalación de un medio con la intención de limitar la libertad de prensa, este podrá ser atraído e investigado por la FGR. Para ello, debe haber indicios de que lo hizo un servidor público estatal o municipal, si la integridad física del quejoso corre peligro real, o bien, si lo solicita la autoridad estatal, entre otros casos.

Hasta el momento, la pena por el asesinato de un periodista se consiguió en 2020 con Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “el Larry”, autor material del tiroteo que acabó con la vida de Miroslava Breach en Chihuahua en 2017. En su caso, el motivo del crimen fue por su labor, ya que evidenció la colusión de la banda “Los Salazares”, ligados al Cártel de Sinaloa, con políticos y policías locales.

Para estos casos se creó la Ley Para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual tiene como objetivo establecer lineamientos para la protección de activistas y comunicadores. En esta norma no se establecen penas o sanciones por agresiones u homicidios de periodistas, pero sí es una medida que se creó con el fin de brindar mecanismos de seguridad.

Las personas defensoras de derechos humanos o periodistas podrían solicitar medidas de protección si consideran que su vida o la de sus personas cercanas corren riesgo por su labor. Dada la naturaleza de las denuncias, estas solicitudes son respondidas en cuestión de horas y se determinará si se asignan medidas como el acompañamiento de cuerpos de seguridad o restricciones a los presuntos agresores.