El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene pruebas que sustenten la acusación de violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. La resolución de la Sala Especializada del TEPJF determinó que, en al menos 11 conferencias matutinas conocidas como "mañaneras", el mandatario cometió actos de violencia política de género.
“Qué hice para ofenderla", cuestionó López Obrador durante su conferencia de prensa del 12 de julio, desestimando las acusaciones y solicitando una revisión detallada de las mañaneras. "A la gente le consta que eso nunca pasó", subrayó, refiriéndose a las declaraciones de los magistrados como "mentirosos y corruptos".
TEPJF, por mayoría de votos, concluyó: López Obrador realizó expresiones, las cuales menoscabaron los derechos políticos de Gálvez en las mañaneras del 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, así como el 3, 7 y 18 de agosto de 2023. Según el tribunal, las declaraciones del presidente sugirieron que Gálvez obtuvo su candidatura por decisión de un grupo de poder político. Asimismo, aseguró que su imagen se utilizó para atraer simpatía entre los votantes. Estas afirmaciones fueron consideradas como violencia simbólica, pues refuerzan estereotipos de inferioridad y dependencia basados en género y origen étnico.
López Obrador comparó esta situación con las acusaciones hechas en su contra por los periodistas Anabel Hernández y Tim Golden, enfatizando que en ambos casos se carece de pruebas. "Dónde están las pruebas", insistió el presidente, defendiendo su postura de que nunca presionó a la gente para votar a favor de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
A pesar de la resolución del TEPJF, el mandatario no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, conforme a los criterios establecidos por la Sala Superior del tribunal. Sin embargo, se determinó la responsabilidad de varios funcionarios de la Presidencia en la difusión del contenido señalado como infractor. Entre ellos Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia; Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento; Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Cepropie; y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional.
Estos funcionarios serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género durante un año y medio. Además, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine las acciones correspondientes.
La determinación del TEPJF ha generado un debate significativo sobre el papel de las declaraciones públicas y la responsabilidad de los funcionarios en la promoción de un discurso libre de violencia de género. Mientras tanto, López Obrador mantiene su postura de inocencia, insistiendo en la falta de pruebas concretas para respaldar las acusaciones en su contra. (NotiPress)
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