El Gobierno argentino presentará un proyecto en el Congreso para reducir la edad de imputabilidad de los 16 a 13 años.
"Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años", confirmó este viernes en las redes sociales el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.
El proyecto de "Ley Penal Juvenil" permitirá "evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores", según un comunicado del Ministerio de Justicia.
El ministro de esta cartera destacó que "ahora, los delincuentes serán penalmente responsables" y que a "delito de adulto" corresponde "pena de adulto".
Para el Ejecutivo, "si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que paguen las consecuencias de sus hechos también como adultos, como puede ser robar o asesinar a una persona", según expresó horas antes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El funcionario refirió que Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú la edad de imputabilidad comienza a los 14 años, y en Brasil, a los 12, por lo que Argentina debe adaptarse "a los tiempos que corren".
"El Gobierno del presidente (Javier) Milei instaló un cambio de paradigma en materia económica, pero también en el área de seguridad: delito de adulto, pena de adulto", refirió Adorni con las mismas palabras que el ministro de Justicia.
El año pasado 2.197 delitos fueron cometidos por menores de edad, lo que habilita a presentar esta normativa que, según el presidente de Javier Milei, brindará herramientas al sistema judicial "para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas".
"Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil (…) Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal", añade el comunicado de la cartera de Justicia.
Algunas organizaciones civiles advierten que la baja de la edad de imputabilidad no sirve para combatir la inseguridad, utiliza a los adolescentes como chivo expiatorio, confunde el fondo de la cuestión, es anticonstitucional y es contraria a la ley 26.061 de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
