La jornada electoral del 2 de junio no sólo dejó en la historia a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino que también expuso que Morena sigue fortaleciéndose y ganando más espacios. Además del Ejecutivo, el oficialismo tendrá el control del Poder Legislativo, ya que obtuvo la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que podría beneficiar al actual presidente.
Ante la posible victoria de la Cámara de Diputados y la de Senadores por parte de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), la 4T estaría logrando el llamado “Plan C”, que consiste en el control del Legislativo para avanzar con las reformas constitucionales que plantee el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario envió al Congreso 20 reformas, 18 constitucionales y dos de leyes secundarias, pero el partido guinda y aliados no tenían los votos para hacer estos cambios, hasta ahora. La próxima Legislatura iniciará el 1 de septiembre, dejándole a AMLO un mes para concretar o intentar avanzar con dichas reformas, entre las que se incluyen cambios al Poder Judicial y los órganos autónomos.
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¿Cuáles son estas reformas?
Fue el 5 de febrero, en el marco de la conmemoración por la promulgación de la Constitución Mexicana, cuando el presidente López Obrador envió su paquete de iniciativas que incluyen cambios a las pensiones de adultos mayores, becas, el reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables y aumentos al salario mínimo. Las 20 reformas del presidente son las siguientes:
- Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y los más olvidados de México.
- Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, así como a las personas que viven con alguna discapacidad con carácter universal.
- Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
- Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
- Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
- Prohibir el maltrato a los animales.
- Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
- Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
- Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Esta también incluye el endurecimiento de las penas por los delitos de extorsión de grupos de la delincuencia organizada y de los “factureros”.
- No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
- El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
- Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE y les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario.
- Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año.
- Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida.
- Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga.
- La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos. Aquí también se contempla eliminar la reducción de los diputados federales de 500 a 300 y de los senadores de 128 a 64, borrando a los de representación proporcional.
- De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos por voto popular.
- Para evitar que la Guardia Nacional “se corrompa” como sucedió con la Policía Federal, se reinscribirá a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
- Reformar el artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público gane más que lo que percibe el presidente del país. Tampoco se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes.
- Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.
A casi cinco meses de que el jefe del Ejecutivo haya presentado estas propuestas, se mantuvieron en la “congeladora” sin mayor avance, ya que los diputados y senadores del oficialismo no tenían los elementos para darles cauce, mientras que la oposición se mantuvo firme en la postura de no aprobarlas, ya que algunas atentan directamente contra la división de poderes o la transparencia.
¿Les daría tiempo aprobarlas?
Luego de que se dieron a conocer los resultados electorales y la posibilidad de que ambas cámaras queden con las mayorías calificadas en favor de la 4T, el presidente López Obrador dijo que buscará la aprobación de las que ya envió. De igual forma, dijo que dialogará con Sheinbaum para darle prontitud a la reforma al Poder Judicial, instancia que echó atrás sus proyectos, como la reforma electoral o la eléctrica.
Es bien sabido que cuando son reformas constitucionales o muy controvertidas, los legisladores suelen extender los análisis y discusiones por meses o inclusive años. Prueba de ello es la reducción de la jornada laboral, una iniciativa presentada por una diputada de Morena hace más de un año y que incluso pasó por un periodo de parlamento abierto, pero que sigue sin tener avances.
No obstante, cuando se trata de las reformas que envía el presidente, estas suelen discutirse y aprobarse en tiempos sustancialmente menores. A finales de abril del 2023, los senadores de Morena, PT y Verde aprobaron cerca de 20 reformas en un promedio de 20 minutos cada una, para lo cual cambiaron de sede, no fue necesaria discusión y tampoco hubo presencia de legisladores de otras bancadas.
Aunque la mayoría de estas iniciativas fueron impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otras siguieron y se aprobaron en tiempo récord. Otro caso fue el de la reforma al sistema de pensiones, ya que se envió este año en la primera quincena de abril y para el final del mes, ya estaba aprobada.
En este contexto, es probable que el último mes del sexenio de AMLO sea suficiente para la aprobación de algunas de sus reformas, ya que tendría más de dos terceras partes de los legisladores, con lo que podrían pasarlas sin importar la presencia de los diputados y senadores de oposición.
