De acuerdo con la Conagua, el inicio oficial de la temporada de lluvias y ciclones en México varía dependiendo del océano. Mientras en el Pacífico, se prevé que la temporada comience el 15 de mayo, en el Atlántico se contempla que inicie el 1 de junio.
En el Pacífico se esperan entre 15 a 18 ciclones, mientras que en el Atlántico se prevén de 20 a 23 ciclones y huracanes. El pronóstico contempla de 8 a 9 tormentas tropicales en el Pacífico y de 11 a 12 en el Atlántico. Los huracanes categoría 1 o 2, se prevén de 4 a 5 en el Pacífico y de 5 a 6 en el Atlántico. Mientras que los huracanes categoría 3, 4 o 5, se contemplan de 3 a 4 en el Pacífico y de 4 a 5 en el Atlántico.
La realidad es que el mundo se enfrenta a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos debido al cambio climático, y la prueba de ello, sucedió en México el 25 de octubre del año pasado cuando el huracán Otis azotó con fuerza el estado de Guerrero, dejando a su paso más de 45 muertos, devastación masiva y más de 200,000 viviendas afectadas. De acuerdo con lo expresado por Andrés Manuel López Obrador en una de sus acostumbradas mañaneras, su gobierno "estaba preparado" para el golpe del ciclón Otis. Lo cierto es que, después de casi 7 meses, Acapulco, la ciudad más afectada, continúa sufriendo los estragos de este fenómeno natural.
Los daños ocasionados por los huracanes han demostrado que México es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, y el Estado no está preparado para enfrentarlo, aunque la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) afirma todo lo contrario, asegurando que el Gobierno de México está preparado y cuenta con recursos materiales y humanos suficientes para brindar apoyo a la población, además de que cuenta, a lo largo y ancho del país, con 11,647 refugios inscritos en la Plataforma Digital para Refugios Temporales, en donde se podrá recibir a 2.4 millones de personas en caso de ser necesario.
Sin embargo, el paso del huracán Otis evidenció la falta de previsión y organización del gobierno mexicano, a pesar de que la formación de un huracán de este tipo era previsible debido a la periodicidad de tales fenómenos, con un último evento importante en 1997 con el huracán Paulina.
Aidee Zamorano, especialista en Reducción de Riesgo de Desastres (RRDD), menciona que no hay nada natural en un desastre, los impactos de huracanes en categoría 5 son resultado de la falta de gobernanza del riesgo.
En su análisis, la especialista precisa que la geografía del país no ha cambiado y con la alta vulnerabilidad climática no se puede fingir sorpresa sobre las afectaciones económicas, de infraestructura y de vidas humanas cada vez que se enfrenta un evento de clima extremo, alertando que habrá escenarios cada vez más intensos y frecuentes.
Por ello, Zamorano apunta que es necesario un modelo de gobernanza para la gestión integral de riesgos que articule la participación del sector público en sus niveles federal, estatal y municipal, que incluya a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y a la población en general.
"Todo será letra muerta si seguimos fingiendo sorpresa cada temporada de huracanes y ciclones. No podemos detener el agua pero sí anticipar los escenarios de desastre, salvar vidas y proteger a nuestra población, poner a salvo a las plantillas laborales e infraestructura".
López Obrador desaparece el Fonden
Ante las emergencias y desastres naturales, el gobierno de México contaba hasta julio de 2021 con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que fue creado en 1999 pero que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a su fin.
En 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó la desaparición del FONDEN como fideicomiso, y eliminó sus normativas de funcionamiento. A partir de 2021, el presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual. Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10,161 millones de pesos y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó.
Para 2023, se aprobó un presupuesto de 17,980 millones de pesos, con un recorte del 21 % al primer semestre del año, equivalente a 3,761 millones de pesos, y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se proyecta un total de 17,985 millones de pesos. Con la extinción del FONDEN como fideicomiso, los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones.
A esto hay que sumarle que en el mes de octubre, días antes del paso del huracán Otis, el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales.
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