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Menos de dos meses separan a los mexicanos de las elecciones más grandes de la historia del país, en la que se cambiarán más de 20,000 cargos de elección popular. Con todo lo que implica este proceso electoral y lo que significaría a futuro, uno de los principales retos a los que se enfrenta el país es vencer el abstencionismo, es decir, la renuencia ciudadana a participar en los comicios.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la lista nominal del 2024 es superior a los 100 millones de electores que decidirán el futuro del país. Este es un aumento con lo visto en 2018, cuando la lista nominal apenas superó los 89 millones de electores; no obstante, ese año también se vio una participación del 62.4 % entre los votos válidos y los nulos.
La cifra es preocupante y por eso se llama a la gente a participar en las elecciones, a fin de que sea la verdadera mayoría la que elija a los gobernantes y legisladores, y no sólo un puñado de la población. Para revertir esta situación, en otros países se han tomado medidas como sanciones a quienes no participan en los procesos democráticos, algo que sí se ha planteado en México.
El problema del abstencionismo
Fue en 1994 cuando se dio el máximo récord de participación en elecciones, cuando el 77 % de los electores se dio cita para elegir a sus gobernantes, incluido el presidente Ernesto Zedillo. Antes de ese registro el nivel de abstención era cercano a lo que se tiene hoy, ya que en 1988 sólo participó el 47.42 %, es decir, de más de 38 millones de electores, sólo votaron 18.05 millones.
En los años siguientes la tendencia ha sido la misma no sólo en las elecciones federales, sino también en las locales. Para ejemplo está lo vivido el año pasado en el Estado de México, donde sólo votó el 49.9 % de los más de 12 millones de electores inscritos en la lista nominal de la entidad. Esto deja ver que en muchos casos, poco más de la mitad elige a sus gobernantes, aunque a veces ni siquiera la mitad de la población lo hace.
La abstención cobra más relevancia en los procesos democráticos porque cuando hay más participación, un gobernante o representante tiene aún más legitimidad, lo que hace que sus políticas se vean reflejadas en beneficio de una mayoría. Cuando la participación es menor, la inconformidad crece en un escenario donde muy pocas personas optaron por un representante popular.
Esto se puede deber a varios factores, como es la poca confianza que se tiene en los procesos electorales y en las autoridades electorales. En 1988 se dio la famosa “caída del sistema”, el supuesto fraude electoral de la Comisión Federal de Electores (CFE) dirigida por Manuel Bartlett, llevando a una crisis de credibilidad de los procesos e instituciones encargadas de organizar comicios.
También hay variantes como el nivel de escolaridad de las personas, toda vez que a más escolaridad, menos abstención y viceversa. También está la arista del nivel de ingresos, pues en los contextos de ingresos medios o altos la votación es más grande, mientras que en los de salario mínimo o bajo ingreso no le dan importancia a las votaciones, o bien, tienden a elegir a quienes se presentan como oposición.
Un problema así no es exclusivo de México, ya que en otros países también se han visto elevados niveles de abstencionismo, aunque en algunos casos se dieron a la tarea de “obligar” a sus ciudadanos a sufragar. Se sabe que la primera nación en hacerlo fue Bélgica, donde se implementa la obligatoriedad desde 1892, con lo que en sus elecciones del 2019 apenas tuvieron un 11 %.
En este país se impone una sanción de 25 a 50 euros, aunque recientemente también se aprobó la votación de los menores de 16 años, para los que no se determinó una sanción clara. Otra parte de la regla es que, quienes no ejerzan su derecho en cuatro ocasiones en 15 años, serán borrados de las listas de votantes.
Otros países donde esta norma ha tenido éxito son Ecuador, Uruguay, Argentina y Bolivia, donde, en algunos casos, se ven índices de participación que superan el 90 % en las elecciones presidenciales.
Obligar a las personas a votar no siempre tiene un resultado positivo, ya que en lugares como Grecia existe la obligatoriedad, pero el porcentaje de hace cinco años superó el 40 %. En su caso se dictó esta norma desde el 2014 y se impondrá una pena de un mes a un año de prisión a quienes no voten, quedando exentos los adultos mayores de 70 años.
En México también se ha planteado la opción de hacer del voto una obligación, a veces como una mera idea al aire, y en otras ocasiones con reformas formales. El 6 de junio del 2023 la diputada expanista y hoy de Morena de la Ciudad de México, Ana Villagrán, se quejó de la baja participación en las elecciones del Edomex y Coahuila, por lo que pidió una reforma para hacerlo obligatorio.
Una propuesta real fue de la diputada federal del PRI, Melissa Vargas Camacho, quien llevó al pleno de la Cámara baja una iniciativa para reformar el artículo 36 de la Constitución Mexicana, a fin de que el sufragio sea obligatorio y con esto se tengan mejores registros de participación.
“Establecer el voto como una obligación con sanciones efectivas por su incumplimiento tiende a aumentar la participación electoral, la obligatoriedad del voto también tiene efectos sobre la representatividad, el número de votos válidos, el clientelismo electoral y los valores cívicos de la ciudadanía”, fue el argumento de la priista.
Sin embargo, la iniciativa que presentó el 13 de marzo de este año todavía está en estatus de “pendiente” y en proceso de discusión en comisiones. Aunque este fue el plan más reciente para obligar a votar, no tiene más avances y no se prevé que sea aprobado antes de las elecciones del 2 de junio. De acuerdo con la diputada, en cada elección se ve un promedio del 35 % de ausencia en las elecciones.
