En la Cámara de Senadores, el día de ayer Morena y sus aliados siguieron con su propuesta para reformar la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, lo que sería una limitante para que los jueces del país. Aunque todavía falta que se discuta y vote en el Pleno del Senado, este proyecto de ley tendría serias repercusiones a los juicios de amparo y los derechos de las personas y otros impactos en las leyes de México.
El proyecto de ley fue aprobado por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, donde se dieron por buenos los cambios previstos a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. Si bien no es un hecho que los cambios vayan a quedar plasmados en dicha norma, esto podría significar un atropello a los juicios de amparo que son un medio de defensa para los ciudadanos.
La reforma fue aprobada en comisiones con un total de 19 votos a favor, en especial del oficialismo, y 13 en contra del bloque opositor. Este es un intento de esclarecer los diferentes problemas que hay en torno a la aplicación e interpretación de la Ley, ¿qué repercusiones tendría para el país?
En primer lugar, la suspensión de un juicio de amparo, definitiva o provisional, es la medida por la cual un órgano jurisdiccional ordena a las autoridades señaladas que mantengan paralizada su actuación durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo, hasta que se determine por completo la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos.
La iniciativa fue presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila bajo el argumento de modificar la figura de suspensión que se otorga en los juicios de amparo bajo el criterio de los jueces. Esta figura sirve para detener los actos de una autoridad o las leyes generales que afecten a una persona o grupo, evitando así daños graves e irreparables.
Con las modificaciones que plantea Monreal a los artículos 129 y 148, los jueces jurisdiccionales no podrán suspender la entrada en vigor de las leyes recién aprobadas, ya sea del Congreso de la Unión o de los congresos locales. Este tipo de suspensiones se dan cuando los juzgadores consideran que hay un perjuicio en contra de una persona o grupo, como sucedió con la reforma electoral que luego fue declarada inconstitucional.
En caso de ser aprobada ante el Pleno y luego en la Cámara de Diputados, esto tendría serias repercusiones para los mexicanos, especialmente en la protección de sus derechos humanos. Por ejemplo, se estarían reduciendo las facultades de los jueces al quitarles el poder de proteger el interés común de la población con el otorgamiento de una suspensión, pues no se suspenderá la norma a los gobernados.
Estaría en juego la protección de los derechos individuales de los ciudadanos, ya que al no haber suspensiones de leyes se da cabida a que entren en vigor inclusive si son contrarias a la Constitución. Si se aprueba una ley que restringe un derecho fundamental, como la libertad de expresión, o si se hace una obra que afecta a la población, como el Tren Maya, no habría forma de pararlos mientras se desarrolla un juicio, lo que da pie a daños graves a los derechos o al patrimonio natural del país.
Otro inconveniente que provocaría es que, al quitarle peso a las decisiones del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo tendrían menos contrapesos, ya que no habría quienes detengan sus decisiones. Esto lleva a que ni siquiera las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surtan efecto en algunos casos, por lo que alguna ley podría aplicarse de manera arbitraria.
Este representaría un retroceso en la protección de los derechos humanos, ya que los grupos más vulnerables son los que quedarían más frágiles ante está determinación.
Lo anterior es algo que en el momento de la discusión acusaron los legisladores de la oposición. Por ejemplo, el senador panista Damián Zepeda sostuvo que el proyecto no debería avanzar porque es la gente de a pie la que más usa los juicios de amparo para defenderse de los abusos del gobierno, lo que incluso tiene efectos positivos para la protección de grupos enteros, no sólo de individuos.
Por su parte, los legisladores del oficialismo, como Reyes Flores Hurtado, mencionó que con esto se pondría fin a los atropellos por parte de la SCJN, ya que esta instancia se ha extralimitado en sus facultades con la suspensión de leyes completas, como la reforma eléctrica, o los avances en tramos enteros del Tren Maya.
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