Reiteradas regulaciones a grúas y corralones no terminan con abusos a usuarios

Ayer, el Congreso del Estado de Puebla dio a conocer la aprobación de reformas a la Ley de Transportes, con las que se busca la regulación en el cobro del servicio de grúas y corralones. Si bien esta es una noticia que llama la atención ante los constantes abusos de quienes prestan este servicio, hace pocos años se dieron cambios similares que no lograron su cometido.

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Fue el pasado 23 de febrero cuando el Pleno del Congreso aprobó las reformas con las que los concesionarios o permisionarios que ofrecen el servicio de grúa deben sujetarse a un tabulador de precios. Esta modificación también le da facultades a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para que otorgue permisos a quienes darán los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos.

No obstante, este tipo de reformas ya se habían dado hace casi tres años, pero en los hechos tales regulaciones no se habían visto debido a que las empresas de arrastre y las que sirven de corralón se caracterizan por sus abusos. Excesivos e injustificados costos, así como dificultades para recuperar las unidades son parte de las prácticas que no se han ido a pesar de las regulaciones previas.

¿Qué se aprobó en 2021?

En noviembre del 2021 el gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa Huerta envió una reforma al Congreso para que la regulación en el cobro de grúas y corralones. Gracias a esto se instauró un tabulador de precios al que se debían ajustar, al mismo tiempo de que se creó una plataforma para gestionar a quienes prestan el servicio, a fin de que los usuarios conozcan a quienes van a contratar con antelación.

De igual forma, esta reforma le dio facultades a la SMT para que esta oficina sea la encargada de organizar todo lo referente a los servicios de arrastre, salvamento y resguardo de vehículos. Por otra parte, se estipuló que dicha secretaría tendría a bien determinar el número de grúas que operarán en el estado, así como la cantidad de corralones que serán necesarios para garantizar el servicio en la entidad.

Sobre las nuevas concesiones para la operación de nuevas empresas de grúas y corralones, la SMT tendrá que emitir las llamadas “Declaratorias de necesidad”, a fin de que sólo se abran los centros necesarios de acuerdo a la oferta y la demanda. Otra disposición que entró en vigor es un padrón de los depósitos de todo el estado que pueden consultar los usuarios que lo requieran.

Por otra parte, quedó establecido que se llevaría a cabo un inventario para tener pleno conocimiento de las condiciones en que ingresan las unidades, así como las causas por las que fue ingresado, las horas de entrada y salida, al igual que la autoridad que llevó el caso para liberarlo.

La intención de estas reformas que se aprobaron era que se terminaran los abusos de quienes hacen los servicios de arrastre, grúa y salvamento, y que los usuarios tuvieran garantizados sus derechos en todo momento; sin embargo, a casi tres años de esto, la realidad es que el panorama no ha cambiado, pues con frecuencia se dan a conocer los múltiples abusos en estos servicios.

Abusos continúan pese a regulaciones

A casi tres años de que se dieron las primeras regulaciones, y con las nuevas de hace unos meses, hay diferentes motivos por los que no tienen el impacto esperado para los usuarios. Uno de estos motivos fue que por casi un año la SMT no hizo la debida homologación de los precios de acuerdo a la Ley de Transporte.

A inicios de noviembre del 2022 la SMT no había regulado los precios de acuerdo a los establecidos por la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que dio pie a cobros excesivos que se sustentaban en la ausencia de un tabulador oficial. En algunos casos, usuarios reportaron tarifas de más de 12,000 pesos por servicios de arrastre de pocos kilómetros.

Actualmente los precios por los servicios de arrastre, salvamento y depósito de autos están más regulados, toda vez que ya está publicado el tabulador oficial de precios. Las grúas tipo “A” tienen una tarifa de 631.36 pesos por kilómetro, mientras que las “B” cuestan 725.35 pesos y las tipo “C” están en 861.87 pesos, ambos precios por kilómetro de arrastre.

De igual forma, en 2022 el gobierno estatal sí cumplió con el apartado de publicar un padrón de empresas que están debidamente reguladas para otorgar el servicio, aunque incluso estas recibieron denuncias por malos manejos y falta de unidades en buenas condiciones, además de los repetitivos costos a sobreprecio. Si bien estas empresas ya están obligadas a cumplir una ley que les dicta los precios a cobrar, todavía hay muchas que no se adhieren a estas normas.