Préstamos gota a gota, “soluciones” económicas que terminan en fraude

Lo usual para las personas que no cuentan con demasiados ingresos es que sus gastos los rebasen, lo que los obliga a pedir un préstamo, en especial en momentos de urgencia económica. Si bien existen bancos o instituciones financieras, hay quienes no acuden a ellos porque no cumplen con los requisitos, por lo que se ven orillados a buscar otras opciones que resultan fraudulentas.

Ya sea porque no perciben lo suficiente, porque los precios de los productos básicos son cada vez más altos, o bien, porque surge un imprevisto, muchas personas se ven en la necesidad de pedir un préstamo con instituciones de dudosa legalidad. Aunque parezcan una opción a modo, la realidad es que terminan como estafas imposibles de pagar que se basan principalmente en la ilegalidad.

A este tipo de préstamos fraudulentos se les conoce como “gota a gota”, una modalidad que se ha empleado desde hace años en nuestro país, pero que en algunas ocasiones son parte de grupos del crimen organizado nacional y extranjero. ¿Cómo funcionan estos préstamos?

El término de gota a gota se usa para aludir a préstamos ilegales que surgieron en Colombia como una forma de lavar el dinero por parte de los cárteles de la droga en la década de 1990, para luego expandirse a otros países de Latinoamérica. Se anuncian con sumas atractivas que se pagan en plazos diarios y pequeños, lo que da la falsa sensación de que son sencillos de pagar.

Sin embargo, las cuotas diarias llevan incluido un interés de hasta el 20 % o más, por lo que al final se termina pagando más del doble de lo que se pidió. Por lo general, los préstamos son ofrecidos a personas que difícilmente van a huir en caso de impago, ya que los llevan directamente a sus casas, obtienen documentos de identificación y contacto de familiares o amigos.

Los prestadores se enfocan en buscar clientes en zonas empobrecidas donde no hay otras opciones de financiamiento, o bien, buscan a personas que tengan un negocio para ofrecerles dinero para invertir, aunque luego usan esto como una oportunidad para extorsionarlos.

De igual forma, son laxos en sus requisitos, ya que no piden ningún tipo de historial o comprobante de ingresos para dar sumas de los 1,000 a los más de 10,000 pesos. Dado que funcionan fuera del margen de la ley, no están regulados por ningún ente estatal y su rentabilidad depende de los intereses que cobran.

Con los altos intereses establecidos y los plazos diarios de pago, los prestamistas dan a sus víctimas lapsos de 20 o 30 días para liquidar el saldo, teniendo a los cobradores todos los días en casa para recibir los abonos. Ahí es donde empiezan los problemas, ya que al haber retraso en los pagos empiezan las amenazas, el chantaje y las agresiones físicas, aunado a la creciente deuda económica.

Conforme los intereses suben y la deuda no se liquida, los encargados de hacer los cobros van subiendo el tono de sus métodos, ya que no se conforman solamente con agredir o amenazar, sino que roban pertenencias o trasladan las amenazas a los conocidos del deudor. De igual forma, empiezan con la difamación, boletinando a las personas en redes sociales o en las calles.

En algunos casos se ha sabido que los prestamistas recurren a usurpar la identidad de los deudores, con lo que tienen acceso a sus cuentas bancarias y robando su dinero, o pidiendo otros créditos en bancos a su nombre.

Si bien las personas necesitan dinero para una emergencia o para solventar los gastos diarios, los préstamos gota a gota no son la única opción para acceder a un monto extra, por lo que se puede evitar conociendo las instituciones fiables que están formalmente establecidas y no recurren a los mismos métodos de cobro. Una señal clara de que un préstamo es ilegal es si ofrecen grandes cantidades sin demasiados requisitos y de rápida entrega.

En muchos países de la región este tipo de préstamos han ganado fuerza debido a que se aprovechan de la necesidad de la gente, por lo que hay casos en los que el desenlace termina siendo fatal. En países como Colombia, los deudores se ven imposibilitados para pagar, por lo que reciben amenazas, agresiones y terminan por suicidarse.