.gif)
Por años, en México los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y políticos, se han enfrentado al hecho de que el gobierno en turno intenta monitorear sus acciones para silenciarlos. Con el auge de las tecnologías para la comunicación, estas acciones tomaron un rumbo distinto, ya que se desarrollaron programas cuya única función es espiar a una persona o grupo: Pegasus.
El pasado 6 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo favorable al INAI para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haga públicos los contratos con los que el gobierno federal adquirió el software Pegasus. Desde el 2012 se sabe que el ejército mexicano lo usó para espiar a todo tipo de personas, desde activistas hasta opositores.
La máxima instancia de justicia determinó que no hay motivos por los que estos contratos deban reservarse bajo el argumento de la “seguridad nacional”, por lo que deben hacerse de dominio público. Este software ha causado polémica en nuestro país desde hace más de diez años, toda vez que desde los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con AMLO, se ha usado de manera opaca.
Te interesará leer: SCJN ordena al gobierno entregar información sobre programa espía Pegasus
Aunque el argumento principal con el que se intenta justificar su adquisición es por motivos de seguridad y combate al crimen, en los hechos, también se le han dado otros usos que invaden la privacidad de la población civil. Aunque es un caso ya conocido, incluso a nivel mundial, poco se habla de cómo funciona, quiénes lo pueden comprar y bajo qué términos se usa.
El software Pegasus, una creación israelí
Pegasus es un software cuya principal función es el espionaje y la vigilancia, un spyware creado por la agencia de ciberseguridad NSO Group, de Israel. En general, se basa en infectar dispositivos móviles con conexión a la red, en especial teléfonos celulares, aunque el distintivo es que no es necesario que el usuario haga nada, pues se infiltra sin acciones de por medio.
Aunque puede entrar a un celular mediante mensajes, enlaces falsos o inclusive llamadas de WhatsApp, a diferencia de otro tipo de programas que únicamente se infiltran con enlaces, Pegasus es conocido por ser de acción “Zero Click”, es decir, en cualquier momento puede tomar control del dispositivo sin que el usuario haga algo fuera de lo normal.
El spyware es el más sofisticado del mundo, ya que una vez en los deficientes sistemas operativos, sirve para monitorear todas las acciones de un dispositivo. La mayoría de los teléfonos, recién comprados o con años de uso, tienen “huecos” por lo que entran los virus y aplicaciones espías. En la mayoría de los casos ni los usuarios o desarrolladores saben cuáles son, lo que deja desprotegido al usuario.
Cuando Pegasus infecta es como si se instalara una aplicación que no aparece en el menú y funciona en segundo plano. Una vez dentro, tiene capacidad para vigilar las llamadas, mensajes enviados y recibidos, fotografías, localización, puede activar el micrófono, la cámara, o se pueden revisar los datos de otras aplicaciones, todo vía remota sin que el dueño del dispositivo se dé cuenta.
Con el paso de los años algunas empresas telefónicas se han empeñado en hacer sistemas operativos más seguros, aunque sin mucho éxito, ya que los modelos más nuevos son susceptibles de ser infectados. Empresas como Apple hoy en día avisan a los usuarios de que sus dispositivos podrían estar bajo ataque, algo que Android no hace todavía.
Es un programa con gran capacidad y otorga vigilancia extrema para las personas que lo poseen, razón por la cual no es de acceso para todo el mundo, ya que NSO Group limita su compra. De acuerdo con sus valores, tienen un estricto proceso de control para otorgar licencias de uso, por lo que sólo las dan a gobiernos que, según sus lineamientos, no infrinjan derechos humanos. Con esto pretenden evitar que sea adquirido por cualquiera, como grupos delincuenciales.
Para que un gobierno pueda adquirirlo antes deben tener aprobación por parte de las instancias encargadas de la defensa, pero al no haber regulación en muchos países, se puede adquirir sin dar cuenta de los motivos o el uso que se le dará. Al ser de tecnología tan avanzada, las licencias son altamente costosas, pues suelen costar hasta un millón de dólares hasta que se tenga que renovar.
Su objetivo es prevenir y detener el crimen y terrorismo dentro del territorio, ya sea espiando grupos del crimen organizado, terroristas, pedófilos o defraudadores. Sin embargo, debido a la falta de transparencia en su uso, diversas investigaciones han evidenciado que, al menos en México, el ejército y las autoridades lo usaron para espiar a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos opositores y hasta a los aliados.
En mayo del 2023 se dio a conocer el caso de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, encargado de investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al involucrarse en un caso que involucra a las fuerzas armadas, el ejército lo espió para estar al tanto de las indagatorias.
