La Profepa, lejos de cumplir con el objetivo de cuidado ambiental

En mayo del 2023, arribó al Parque Central de Chihuahua la jirafa conocida como “Benito”, con poco más de tres años, que anteriormente estuvo en el zoológico de Culiacán, Sinaloa. El ejemplar se convirtió en uno de los casos de maltrato animal más notables en el país, pues se enfrentó a las malas condiciones de resguardo y la ineficiencia de la dependencia encargada de protegerla.

En redes sociales se inició una campaña en la que se demostraban las condiciones de vida de la jirafa, con temperaturas cercanas al cero o calores extremos. Es por esto por lo que la gente rápidamente empezó a pedir la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero lejos de ser una dependencia que diera respuesta ante el evidente maltrato, obstaculizó su traslado a un lugar mejor.

El 12 de enero un juez federal resolvió que debían trasladarla a “Africam Safari” en Puebla, además de que el gobernador Sergio Céspedes Peregrina respaldó la llegada de “Benito” al estado. Sin embargo, la Profepa dijo que para hacer efectivo el traslado las partes debían cumplir un trámite burocrático, supuestamente, para acreditar medidas preventivas y de cuidado en el lugar al que llegaría.

Por su parte, el colectivo “Salvemos a Benito” señaló que la dependencia exigía el pago de 1.5 millones de pesos por una sanción al parque en el que vivía la jirafa. Finalmente, la Profepa anunció que Benito sí será trasladado a Africam Safari, no sin que antes retrasara el rescate del ejemplar que vivió meses de maltrato.

La Profepa es, en teoría, la oficina de gobierno encargada de regular y vigilar el cumplimiento de las leyes en materia ambiental en México para asegurar un desarrollo sustentable. Sus funciones son la inspección de todas las actividades que se relacionan con la tenencia de flora y fauna silvestre, detener y revertir el deterioro ambiental, así como vigilar el manejo y la tenencia de especies en riesgo.

Sin embargo, y contrario a sus objetivos principales, en reiteradas ocasiones la Profepa también ha jugado en contra del bienestar de la flora y fauna nacional, ya sea impidiendo traslados como el de Benito, o con sus trámites que ralentizan el rescate de ejemplares que viven en situaciones de maltrato y abandono.

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Además de Benito, otro caso en el que la Profepa ha obstaculizado el traslado y rescate de animales que viven en maltrato fue el de la fundación “Black Jaguar - White Tiger”. En julio del 2022 se dio a conocer que dicha institución, que tenía en sus manos a decenas de felinos en condiciones deplorables, malnutridos, con heridas que ponían en riesgo su vida y algunos ya muertos y enterrados en fosas.

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) acusó al encargado de inspección y vigilancia forestal de la Profepa, Patricio Rodolfo Vilchis Noriega, de retrasar el rescate de los ejemplares. Y es que a esta persona se le han imputado distintos escándalos en la dependencia que luego terminan por afectar a la vida silvestre del país.

La AZCARM acusó a Rodolfo Vilchis de emplear a personal inexperto para la inspección de animales, además de que los enviaba sin el material necesario para el cumplimiento de su deber, como la incautación de ejemplares. También dejó morir animales en lugares asegurados por otros delitos, como en Chiapas, donde en marzo del 2022, tras un operativo, dejó morir varios ejemplares de tigre de bengala al dejarlos varados.

Tras múltiples demandas de irregularidades, él salió de la dependencia el 6 de octubre del 2023, luego de 30 años en la Profepa; no obstante, Rodolfo Vilchis no ha sido el único lastre en el cuidado ambiental o la correcta operación de la Profepa. Además de la insuficiencia operativa también se concretó.

En 2019, la Profepa libró de toda culpa a Sirona, la empresa responsable de la construcción del desarrollo inmobiliario “Mandara”, esto en la Riviera de Veracruz. En marzo de ese año se había clausurado la obra, pero en septiembre levantó la clausura y resolvió que no hubo afectación a la laguna, aunque los ambientalistas y expertos veracruzanos mostraban las repercusiones al ecosistema y, por ende, a la flora y fauna local.

Por si fuera poco, la Profepa tampoco está exenta de los escándalos o anomalías al interior, ya que el año pasado también se le adjudicó un supuesto manejo irregular de recursos. En noviembre del 2023 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que la dependencia no pudo comprobar el gasto de 30.7 millones de pesos, por lo que se le hicieron 14 observaciones, nueve observaciones y cuatro pliegos de observaciones.

Si bien en algunos casos la Profepa ha ayudado con la incautación de ejemplares de vida silvestre que viven en malas condiciones, también ha sido responsable del rescate tardío de especies.