El 4 de enero se celebra en México el Día Nacional del Periodista, una fecha que busca reconocer la labor de los profesionales de la comunicación y su aportación al desarrollo democrático del país.
Sin embargo, esta conmemoración también es una oportunidad para reflexionar sobre los riesgos y desafíos que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su oficio, especialmente en un contexto de violencia, impunidad y precariedad.
México es considerado uno de los países más peligrosos para el periodismo en el mundo. Según la organización Artículo 19, en el primer semestre de 2023 se registraron 362 agresiones contra la prensa en el territorio nacional, lo que equivale a un periodista agredido cada 12 horas.
Además, en el mismo periodo se documentaron tres asesinatos de periodistas vinculados con su labor informativa, a los que se sumaron otros dos casos en el segundo semestre.
Entre los estados con más agresiones a periodistas está Puebla, que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 18 ataques, según una investigación presentada por la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con la Red de Periodistas Puebla, en los últimos tres años se han documentado 93 ataques a la prensa en la entidad, de los cuales 58 ocurrieron en el municipio de Puebla, el más peligroso para ejercer el periodismo en el estado.
Las agresiones a periodistas en Puebla incluyen intimidaciones, hostigamientos, amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias, ataques cibernéticos y bloqueos informativos.
Los principales agresores son agentes del Estado, como funcionarios públicos, policías y militares, pero también integrantes de partidos políticos, grupos criminales y particulares.
Las mujeres periodistas son especialmente vulnerables, pues además de las agresiones por su labor, sufren violencia de género y connotación sexual.
Estas cifras evidencian la condición de precariedad en la que se ejerce el periodismo en Puebla, donde no existen garantías para la libertad de expresión ni para la seguridad de los comunicadores.
A pesar de que hay instituciones públicas y mecanismos formales que deberían proteger a los periodistas, como la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas creada en 2017, estas carecen de eficacia, recursos y voluntad política para cumplir con su función.
Ante este panorama, las autoridades están obligadas a reconocer su labor social, pero sobre todo a investigar y sancionar a los responsables de las agresiones, brindar medidas de protección efectivas y respetar su derecho a informar y ser informados.
Asimismo, se debe reforzar entre la sociedad civil la solidaridad con la causa del periodismo y valorarlo como un servicio público esencial para la democracia.
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