Comparecencia ante el Congreso, ¿y eso para qué sirve?

En las últimas semanas, la ciudad de Puebla se ha conmocionado debido a una serie de eventos violentos en los que fueron asesinadas al menos 20 personas, aunado a los casos de inseguridad que, si bien son de menor magnitud, no deja de estremecer a los poblanos. Es por esto que en el Congreso se ha planteado la posibilidad de que comparezca la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo.

Fue el diputado del Partido del Trabajo (PT) Antonio López Ruiz quien ingresó un escrito a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que la funcionaria se presente ante el Poder Legislativo para rendir cuentas. Esta no sería la primera vez que un servidor público es llamado al Congreso del Estado, pues en lo que va del año al menos dos trabajadoras de alto rango estatal han acudido al llamado.

El 1 de junio, la exsecretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro, fue citada al pleno del Congreso para explicar los hoyos financieros en las cuentas estatales. Luego, el 8 de septiembre, la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, estuvo presente ante la Comisión de Vigilancia y Control de la ASE.

En ambos casos, las servidoras terminaron fuera de sus puestos, aunque sus renuncias no fueron por lo sucedido en el ejercicio de rendición de cuentas. En realidad, las comparecencias, como la que hoy le solicitan a Consuelo Cruz Galindo, no obligan a los servidores a otra cosa más que a responder satisfactoriamente los cuestionamientos de los diputados.

Las comparecencias de los servidores públicos ante el Poder Legislativo tienen la utilidad de ser un ejercicio de rendición de cuentas horizontal, en el que integrantes de cada poder responden mutuamente sus cuestionamientos, pero también donde evalúan su desempeño y dan parte sobre sus actividades. Estas no solo se hacen a solicitud de los legisladores, sino que los secretarios de estado comparecen anualmente por el informe del gobernador.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es facultad de los diputados solicitar la comparecencia de cualquier funcionario de estado o municipal, con el fin de que proporcione información referente a sus labores o se analice un asunto que entre en la competencia de sus actividades. Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) decidirán si la comparecencia se efectúa ante el pleno o solamente en la comisión de su competencia.

Sobre las consecuencias para los funcionarios que comparezcan, en el artículo 228 de dicha ley se estipula que, de no presentarse ante un citatorio o en caso de no dar las respuestas satisfactorias a los legisladores, el presidente de la Mesa Directiva o el de la Comisión Permanente podrá presentar una queja ante el superior jerárquico del funcionario, para que sea este quien satisfaga la demanda de los legisladores.

No obstante, si este último continúa con las omisiones, el Congreso del Estado procederá de acuerdo con lo que estipula la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Ahí se establece que es facultad de los diputados iniciar y resolver un juicio político o desafuero contra los funcionarios que incurran en responsabilidad política o penal.

Estos procedimientos políticos finalizarían en la inhabilitación o destitución del servidor público en cuestión, dependiendo de la gravedad de su falta. La ley es clara en que los juicios no podrán iniciarse por motivos que sirvan a fines partidistas o personales, sino que deben estar sustentados por agravios a sus funciones.

Esto es algo de lo que se tiene un antecedente relativamente reciente, cuando la LX Legislatura exhortó al entonces gobernador Antonio Gali Fayad a que despidiera a los altos mandos de seguridad en 2018, por cuestiones similares a las que hoy reclama el diputado del PT. En ese momento, el diputado Emilio Maurer aseguró que el estado atravesaba una crisis de inseguridad similar a la de otras ciudades como Tampico y Nuevo Laredo.