Presentan en el Congreso foro para la Declaración Especial de Ausencia

En el Congreso del Estado de Puebla se llevó a cabo el Foro de Declaración Especial de Ausencia en Puebla, un mecanismo jurídico para dar seguridad a las familias de las víctimas de desaparición forzada. Puebla es uno de los 15 estados del país que, hasta hoy, no tienen una ley que aborde esta vertiente.

El rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón Sánchez, aseguró que la tendencia de inseguridad tiene su origen en la llamada "Guerra contra el narcotráfico", iniciada en 2006 durante el sexenio de Felipe Calderón, pero que ha sido perpetuada durante otros gobiernos del PAN, del PRI y ahora con Morena. Como resultado, hoy se registran más de 400,000 muertes violentas.

Patrón Sánchez puntualizó que Puebla atraviesa un periodo de descomposición social preocupante, y prueba de ello son las olas de violencia que se ven en las últimas semanas en la capital. Esto, explicó, requiere trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, pues no es abarcable desde una sola instancia.

"Es indispensable que los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, hagan un diagnóstico y presente, de alguna manera, una explicación a la sociedad en su conjunto, de tal manera que sepamos a qué nos estamos enfrentando", dijo el rector de la Ibero.

Catalogó la desaparición forzada como uno de los actos más crueles de violencia, subrayando que hay más de 120,000 desaparecidos, de los cuales, cerca de 2,000 son de Puebla. Es por esto que las universidades jesuitas pretenden crear una política para la pacificación del país, de la mano de diferentes instancias de gobierno y otros poderes del estado.

Por su parte, Simón Hernández de León, de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, sostuvo que la Declaratoria Especial de Ausencia es de suma importancia para brindarle mayor seguridad jurídica a las familias de las víctimas de desaparición forzada. En Puebla se vive una dinámica distinta a la del resto del país, donde los desaparecidos son mayor mente hombres, pero en la entidad las víctimas son principalmente mujeres, jóvenes y menores.

Es por esto que la iniciativa presentada por la diputada Mónica Silva Ruíz, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), cobra mayor relevancia, pues con esto se homologan las leyes civiles de acuerdo a la declaración de ausencia a nivel nacional.

Son más de 15 estados donde no se tiene dicho mecanismo jurídico, lo que deja desprotegidas a las víctimas indirectas, aún más a las infancias. Además de Puebla, en la lista figuran otros como Querétaro, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán.

Los efectos de no tener una Declaración Especial de Ausencia se ven en los derechos de las personas desprotegidas, ya que en los casos de menores de edad, de los que tienen al menos 40 casos registrados en Puebla, sus tutores no pueden brindarles prestaciones como afiliación al IMSS.

Sobre la Ley de Declaración Especial de Ausencia

Para entender la necesidad de esta ley, Andrés Díaz Hernández, comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos, detalló que en México el fenómeno de la desaparición forzada es algo que no se contemplaba en tiempos como la llamada Guerra Sucia iniciada en la década de 1960; no obstante, ya se llevaban a cabo actos similares que solo se catalogaban como secuestros o asesinatos y no se le adjudicaban al estado.

Es por esto que en la actualidad, México "no puede voltear a otro lado frente al problema de la desaparición", ya que nuestro estado es uno de los que más presentan este ilícito a nivel mundial junto a Irak. Detalló que esta ley debe garantizar los derechos de las víctimas y de sus familiares, alineándose a principios de gratuidad, no revictimización y siempre respetando la presunción de vida de las víctimas de desaparición forzada.

Hoy sin esta ley, las víctimas indirectas se enfrentan a problemáticas como las mencionadas antes en desprotección, pero también en revictimización. Testimonios señalan cómo en algunas dependencias públicas se insta a hacer una declaratoria de muerte de las personas, pero esto es contraproducente porque se dan por terminadas labores de búsqueda y se cortan otro tipo de derechos.

La diputada Mónica Silva, ponente de la ley, detalló que esta constará de cuatro capítulos en los que se abordarán las necesidades para las personas cuyos familiares desaparecieron. En sus efectos generales se encuentra la suspensión de obligaciones fiscales, recuperación y protección de bienes, así como la obligatoriedad de búsqueda y la patria potestad de menores para los familiares, independientemente de que estos no sean padres de los menores.

 Los efectos mínimos se orientan a que habrá representación legal a quienes no tengan medios para ella, además de un traductor en caso de ser necesario y siempre debe ser gratuita, pues si bien la desaparición forzada afecta a todos por igual, son las personas de escasos recursos quienes más requieren este recurso de manera inmediata. La legisladora volvió a hacer énfasis en que siempre se debe respetar la presunción de vida de las personas.

La ley se originó por un amparo otorgado a una mujer cuya hija está desaparecida y ahora se hace cargo de su nieta, pero no tiene medios legales para afiliarla al IMSS por no ser su hija. En el recurso se obliga a los legisladores a crea la ley; sin embargo, desde el área jurídica del Congreso se promovió una revisión del recurso para que dicho amparo quedara sin efectos y no tuvieran que legislar.

Es por esto que María Luisa Núñez, líder del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, criticó el actuar de los diputados, empezando por el hecho de que solamente dos estaban presentes en el foro, Mónica Silva y José Antonio López del PT, pero únicamente Silva ha acompañado las luchas sociales.

Señaló que esto fue igual que cuando se le invitó para la promulgación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada durante la legislatura pasada, en ese momento hecha por la diputada Estefanía Rodríguez, pero que fue desechada y, en su lugar, avanzó la que propuso el Ejecutivo estatal. Finalizó haciendo un llamado a las diferentes bancadas para que trabajen en favor de las causas sociales y dejen de lado el desinterés y la omisión legislativa.