En días recientes, los concesionarios del transporte público en Puebla hablaron sobre la posibilidad de que el servicio en el estado tenga un nuevo aumento, lo que significaría el segundo incremento en un lapso de cuatro años. Pese a esto, poco o nada se ha notado la modernización que debía cumplirse, aunado a la poca calidad del servicio que constantemente recibe denuncias por parte de los usuarios.
Los concesionarios plantearon una propuesta para que el transporte público suba su tarifa, pasando de los 8.50 pesos en unidades de camión y 8 pesos en camionetas tipo combi, a 12 pesos en todas sus modalidades. Hoy el argumento es que con esto se mantendrán en buenas condiciones las unidades, se garantizará la seguridad de usuarios y conductores, además de que permitirá a los operadores y concesionarios tener mejores ganancias.
A principios de octubre de 2019, el servicio de colectivo sufrió un aumento similar, pues en ese momento la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT), a cargo de Guillermo Aréchiga, las tarifas subieron 2.5 pesos, pasando de 5.5 y 6 pesos a 8 y 8.5 pesos por pasajero, pero manteniéndose igual para estudiantes y personas de la tercera edad y discapacitadas.
Dicho aumento se concedió bajo el compromiso de que los concesionarios debían modernizar las unidades con elementos como cámaras de seguridad, botones de pánico y que ninguna tuviera más de diez años de antigüedad; no obstante, cuatro años después el panorama del transporte público dista mucho de dicho acuerdo y las deficiencias en el servicio y la inseguridad continúan.
Por ejemplo, hasta hace poco menos de la mitad de las unidades del transporte público cumplían con la verificación vehicular, pues de acuerdo con información de la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, en junio apenas 21,000 de las más de 43,000 registradas en el parque vehicular de transporte público habían cumplido con dicho trámite.
Esto se da a pesar de que se abrían líneas especiales o verificentros dedicados solo a este sector, aunque no tenía respuesta. Esto se debe en parte a que muchas de las unidades que hoy circulan están obsoletas y presentan un gran deterioro. Según la Ley de Transporte del Estado, en el artículo 22 se estipula que ninguna unidad deberá seguir en operación una vez que hayan transcurrido diez años desde su fabricación, algo que es notable no se cumple en muchos casos, donde se nota la antigüedad de los camiones y combis.
Por otra parte, el acuerdo hecho en 2019 también exhortaba a los concesionarios a mejorar la seguridad en los vehículos, pero son los usuarios quienes se dan cuenta de que la situación no ha mejorado. En la ciudad de Puebla, el servicio de transporte público es percibido con altos índices de inseguridad, tanto para hombres como para mujeres.
Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dice que para el segundo trimestre del año, de marzo a junio, el 73.4 % de los usuarios de 18 años o más, 1’174,895 personas, dijeron sentirse inseguro durante los momentos en que viajan en el transporte público. Las mujeres son las que más se sienten inseguras en este espacio, pues representan el 76.19 % frente al 68.97 % de los hombres.
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A todo esto, se suman los constantes señalamientos por los malos tratos de los choferes de las unidades. Datos de la SMT afirman que de enero a septiembre del 2023 se han presentado al menos 2,413 quejas por el mal servicio del transporte público, principalmente por infracciones al Reglamento de Tránsito. Las rutas que más quejas acumulan son la JBS, conocidos como “morados”, ruta 10, ruta Azteca, Loma Bella, Cree Madero, entre otras.
Si bien es cierto que los concesionarios necesitan mejorar la calidad del servicio y tener mejores unidades, también es una realidad que un nuevo aumento abrupto al precio de la tarifa traería repercusiones para los usuarios. En primer lugar, las personas que más se verían afectadas son principalmente el sector trabajador y los estudiantes, que son quienes más usan este servicio.
Subir las tarifas golpearía directamente la economía de los poblanos, porque los ingresos alcanzarían menos, inclusive con los recientes incrementos al salario mínimo. Para las personas que se ven en la necesidad de tomar dos o tres rutas para llegar a sus lugares de empleo el gasto sería mayor, ya que en una semana el desembolso rondaría los 240 a los 360 pesos por cinco días de trabajo.
Lo mismo sucedería con el sector estudiantil, pues hay quienes también abordan dos líneas diarias para llegar a la escuela, pero en algunos casos, principalmente en los menores, lo más común es que vayan acompañados de sus padres, por lo que sería un pasaje extra cada día. Si bien es un hecho que el transporte público necesita mejoras urgentes, no hay ninguna garantía de que incrementar el precio del pasaje las vaya a resolver, ya que la premisa era igual en el 2019.
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