Impulsan en el Congreso sanciones por daño patrimonial con perspectiva de género

Impulsan en el Congreso sanciones por daño patrimonial con perspectiva de género

Ante el Pleno de la LXI del Congreso del Estado, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, con el objetivo de establecer la definición de daño patrimonial con perspectiva de género y sancionarlo como delito. 

 

La iniciativa presentada en sesión ordinaria plantea reformas a los artículos 10 y 57 Quinquies y la adición del 10 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; así como la adición del artículo 415 al Código Penal del Estado de Puebla

 

De acuerdo con la propuesta legislativa, constituye daño patrimonial con perspectiva de género cuando se cause un daño o perjuicio patrimonial o económico a una mujer que se traduce en la pérdida, disminución o menoscabo del patrimonio de sus bienes, valores, derechos o persona, lo cual constituye un elemento esencial jurídico de la responsabilidad patrimonial, y que en consecuencia tiene que existir la determinación y reparación del daño con perspectiva de género. 

 

La iniciativa indica que, comete el delito de daño patrimonial con perspectiva de género, quien dolosamente y con el propósito de procurarse un lucro ilícito, para sí o para un tercero, dañe o perjudique el patrimonio de una mujer, así como sus objetos, bienes, valores, derechos u obligaciones o cualquier otro tipo de documentos comunes o propios. 

 

Por la comisión de este delito se aplicará sanción de siete a diez años de prisión y multa de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito, así como la reparación jurídica y administrativa del daño de responsabilidad patrimonial con perspectiva de género. 

 

Por otra parte, la diputada, la diputada Mónica Silva Ruiz presentó la iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado de Puebla, a fin de armonizar el marco normativo con el federal, así como reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida. 

 

La diputada señaló que, para construir la iniciativa, se tuvo el acercamiento con academia y sociedad civil. Esta propuesta de Ley se compone de 37 artículos, divididos en 4 capítulos con las disposiciones generales, la solicitud, el procedimiento y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en Puebla. 

 

Tras la presentación de sus propuestas, la iniciativa del diputado Fernando Morales fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Igualdad de Género; mientras que la propuesta de la diputada Mónica Silva a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia. 

 

Durante la sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas: 

 

La propuesta del diputado Carlos Evangelista Aniceto para reformar las fracciones II y IV del artículo 7 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, para establecer que es atribución del Ejecutivo proponer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas estatales dirigidos a las personas con discapacidad y sus familias, así como promover la integración de subsidios para los núcleos familiares de personas con discapacidad, brindando atención prioritaria a madres solteras. 

 

También se dio cuenta de la iniciativa del legislador por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Puebla, a fin de impulsar políticas que contribuyan en la erradicación de la violencia simbólica para la construcción de una cultura de valoración y corresponsabilidad de los cuidados. 

 

Las iniciativas del diputado fueron turnadas a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente. 

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