Con el objetivo de seguir procurando la administración de justicia por los casos de feminicidio, el Congreso del Estado dio un paso más para reformar el Código Penal y castigar en esta ocasión también a los encubridores de feminicidas. Se trata de la llamada “Ley Montse”, una iniciativa que tiene como objetivo perseguir a los familiares que ayudan al encubrimiento de delincuentes.
La creación de esta ley tiene, al igual que muchas otras, la historia de un feminicidio que por más de un año permaneció impune, sumado a la complicidad de los padres del presunto responsable. Jalisco, Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México y ahora Puebla han presentado iniciativas similares con el fin de procurar la administración de justicia en feminicidios desde varias vertientes.
¿En qué consiste la Ley Montse?
La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Nora Merino Escamilla y plantea reformar el Código Penal del Estado agregando un párrafo al artículo 212 de la Sección Quinta, relativo al delito de encubrimiento. En dicho artículo se estipularía que la fracción II del artículo 211 no sería aplicable para los casos de feminicidio.
En caso de que la propuesta sea aprobada por el pleno del Congreso como fue avalada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, se leería de la siguiente manera: “Lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior no será aplicable tratándose del delito de feminicidio o en su tentativa.”
El artículo 211 hace alusión a las circunstancias en las que una persona no puede ser juzgada por encubrimiento en diversos delitos. La primera fracción alude a quienes, por el desarrollo de su profesión o encargo, no serán juzgadas por encubrimiento. Entre estos se incluyen profesionistas como sicólogos, abogados o líderes religiosos.
La segunda fracción, que es la que se verá afectada con la iniciativa presentada por Nora Escamilla, señala que los cónyuges, ascendientes, descendientes o parientes directos e indirectos, así como los que al sujeto activo deban respeto, gratitud, amor o estrecha amistad o vivan con él en la situación a que se refiere el artículo 297 del Código Civil (concubinato) no serán juzgados por encubrimiento.
En Puebla los delitos de encubrimiento, obstrucción de la justicia y auxilio a los autores materiales pueden ser castigados con 15 días y hasta dos años de prisión.
En lo nacional, el 25 de abril del 2022 esta ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados para que los encubridores puedan ser juzgados de acuerdo con el Código Penal Federal en el delito de feminicidio.
¿Qué suceso llevó a su creación?
Fue el pasado 17 de abril del 2021 cuando, en casa de sus padres, Marlon N. atacó brutalmente a su entonces novia de 20 años, Montserrat Bendimes Roldán, quien fue trasladada y abandonada en un hospital de Veracruz. El 23 de abril, Montserrat falleció en el nosocomio debido a las múltiples fracturas en cráneo, cuello y brazos que le provocó su exnovio.
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— Leslie (@LeslieBr8) May 24, 2021
Testimonios de sus familiares aseguran que con sus últimos alientos, Montserrat pudo decirle a sus padres que “fue Marlon”, por lo que rápidamente se iniciaron las búsquedas en contra del joven; no obstante, el caso se vio truncado en múltiples ocasiones debido a las obstrucciones de los padres de Marlon, Diana N y Jorge N.
En primer lugar, tanto Diana como Jorge se rehusaron a llamar a los servicios de emergencia luego de que el presunto feminicida atacó a Montserrat, para evitar que se diera parte a las autoridades, aunque eso hubiera ayudado para que la joven sobreviviera. Fueron ellos quienes llevaron a Montserrat al hospital donde la abandonaron y murió seis días después.
La misma noche de los hechos, ellos huyeron de Veracruz y ayudaron a Marlon a escapar de las autoridades. El 6 de noviembre del 2021, la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó la detención de la pareja en un restaurante de Polanco, acusados de asesinato por ser testigos del asesinato con intervenir.
Este año ambos han salido y vuelto a la prisión en varias ocasiones, primero en marzo cuando un juez determinó que no tuvieron complicidad en el feminicidio, por lo que se ordenó su liberación. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó al juez de corrupción y fueron reaprehendidos horas después. En julio de este año ambos fueron puestos en libertad tras concederles la suspensión condicional del proceso e imponerles una multa de 100,000 pesos para la reparación del daño.
Marlon se entregó a las autoridades de Veracruz el 3 de junio del 2022, luego de más de un año de estar prófugo de la justicia.
