El caso de Ernesto Calderón, un joven estudiante que fue golpeado por sujetos que salían de un bar en la Isla de Angelópolis, ha provocado indignación a nivel nacional y más porque a 48 horas de darse a conocer el caso, los presuntos responsables no han sido detenidos.
Fue a través de redes sociales que la gente comenzó a compartir desde la mañana del domingo varias fotografías donde se identificaba a los jóvenes que aparecen en la grabación golpeando a Ernesto, principalmente al encargado de patear su cabeza mientras estaba en el piso.
Con nombre y apellido –en algunos casos hasta con direcciones– los presuntos agresores fueron exhibidos y la Universidad Anáhuac fue la primera en confirmar que se trataba de dos de sus estudiantes, por lo que decidió darlos de baja.
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Sin embargo, el hasta ahora lento actuar por parte de la Fiscalía General del Estado ha provocado especulaciones en redes sociales pues temen que, por ser jóvenes con padres de ingresos económicos considerables, la justicia podría no aplicarse de igual forma.
Históricamente el poder económico ha estado relacionado con la impunidad al momento de perseguir algún delito, por lo que la agresión en contra de Ernesto Calderón no es la excepción y se mantendrá mientras la Fiscalía no detenga a los responsables de iniciar el proceso penal en su contra.
Juniors que se salen con la suya
Actualmente existe mucha controversia por la forma en la que se aplica la justicia, pues culturalmente asociamos la cárcel como la pena máxima que se debe de imponer a alguien, sin importar el delito.
Es por ello que, cuando alguien obtiene un acuerdo reparatorio, cumple con la reparación del daño o simplemente se impone una medida cautelar diferente a la de la prisión, la sociedad lo asocia con un caso de injusticia o impunidad.
Algo similar ocurrió el 23 de noviembre de 2020, cuando Juan Carlos Medel, de entonces 27 años, fue atropellado violentamente por el conductor de un automóvil deportivo de la marca Mercedes-Benz, en la lateral de la Vía Atlixcáyotl.
El conductor del vehículo deportivo, identificado como Yamil G., no sólo atropelló a la víctima, sino que además la arrastró más de 20 metros hasta que finalmente se estrelló con un árbol, para después intentar darse a la fuga a pie.
Debido a que aparentemente estaba en estado de ebriedad, Yamil no logró huir y fue retenido por varios de los testigos, quienes lo entregaron a las autoridades para iniciar un proceso penal en su contra.
Yamil fue puesto a disposición de un juez de control del distrito judicial de Cholula e inicialmente quedó detenido, pero después sus abogados solicitaron la suspensión condicional para llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima mediante el pago de la reparación del daño moral.
El juez de control autorizó dicho acuerdo y, aunque los padres de la víctima no estaban de acuerdo, se autorizó la liberación de Yamil.
Fue así que el presunto responsable de este homicidio culposo logró salir de prisión y abandonar el país en una clara violación a sus medidas cautelares, lo que provocó que el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta se solidarizará con los familiares de Juan Carlos Medel y se lanzará en contra del tribunal superior de justicia.
A casi tres años de estos hechos, Yamil continúa prófugo y el caso se mantiene impune.
Los asesinos de Sebastián Préstamo
Aunque las condiciones fueron diferentes, en su momento despertó indignación que Edson Aldair Hernández Sangabriel y Rafael Barradas Hernández, recibieron una sentencia de siete años de cárcel por el secuestro y asesinato de su compañero de clases en la preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
En este caso que ocurrió en 2015, derivó en la detención de tres jóvenes, compañeros de la víctima identificada como Sebastián Préstamo, los cuales planearon su secuestro y posterior asesinato.
Debido a que se trataba de menores de edad, una jueza especializada en justicia para adolescentes determinó imponer una pena de apenas siete años de cárcel por el secuestro y homicidio, situación que provocó indignación por ser una pena relativamente corta para la magnitud de los delitos.
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