¿Qué sigue para Puebla en materia legal tras la despenalización del aborto?

El amparo otorgado este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la organización GIRE con el que se despenaliza el aborto en todo el país implicaría una ventana de oportunidades para el avance en materia legislativa que se ha postergado en los últimos años dentro del congreso local.

Aún no existe un pronunciamiento formal por parte de colectivas que han trabajado en el desarrollo de un marco legal en Puebla, pero el trabajo en políticas públicas ha sido presentado en diversas ocasiones durante la última legislatura.

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Algunas activistas como Flor Cipriano, de la campaña Aborto Legal Puebla, recién anunciaban el uso de vías alternas para avanzar en la garantía de derechos, buscando una reforma a la Ley General de Salud, pues el porcentaje de mujeres que no cuentan con acceso a la salud en México se triplicó de acuerdo la última actualización del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), donde se indica que cuatro de cada diez mujeres presentan barreras al momento de buscar acceder al sistema de salud.

“Para lograr esto último, obligadamente el Estado debe despenalizar el aborto y conceder su legalidad, ¿no quiere? Entonces pensar en reformar la Ley General de Salud, también es una opción”, se puede leer en una columna publicada el 3 de septiembre.

Este mismo colectivo a mediados de año había emitido su tercera propuesta de iniciativas sobre el tema de la despenalización en la actual legislatura donde se enfatizaba adicionar la definición de embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana, que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

Se establece el tipo penal de aborto forzado, el cual comete quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento en cualquier momento de la gestación y podrá ser sancionado en grado de tentativa, incrementado su pena en caso del empleo de la violencia física o moral.

También fue presentado parte de un análisis de las iniciativas presentadas con anterioridad y de las leyes aprobadas en otros Estados que ya en su momento ya habían despenalizado el aborto como lo han sido Oaxaca o Hidalgo.

Se buscaba añadir las causales: inseminación artificial no consentida y que este caso, como en el de violación, sea independientemente de que exista causa penal previa sobre dichos delitos; cuando una autoridad le hubiere negado previamente la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro del plazo de las primeras catorce semanas de embarazo; y en caso de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de afectaciones graves a su salud.

En materia de salud se pedía adicionar los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la interrupción legal del embarazo como parte de los servicios básicos de salud.

Asimismo, ampliar los conceptos por abordar dentro de la educación para la salud, incluyendo salud sexual, derechos reproductivos, maternidades y paternidades responsables, anticoncepción y riesgos de embarazos tempranos y contemplar dentro de los servicios de planificación familiar el propósito de reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados.

Otros proyectos de colectivas han buscado trabajar en el marco de los cinco ejes: derechos sexuales reproductivos y su importancia como derechos humanos; derechos sexuales y reproductivos en la familia y niñez; criminalización de las mujeres; aborto e interrupción legal del embarazo.

Todo esto podría comenzar a tomar forma tras el fallo de la Suprema Corte, así que resta esperar por ver el trabajo legislativo en el Congreso del Estado.