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Expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al Estado mexicano no aprobar reformas constitucionales y legislativas relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de 2024 a 2029, en una comunicación difundida este martes.
Tres expertos de la ONU plantean "no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública", dice el texto difundido por la oficina del representante permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh).
El documento de nueve páginas fue emitido en la sede de la ONU en Ginebra por el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Luciano Hazan; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.
Los expertos piden "revertir las reformas legislativas" que recibieron media sanción de la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2022.
El texto de nueve páginas está difundido por primera vez tiene fecha del 23 de septiembre, un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto para ampliar cinco años la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, después de que el Pleno del Senado frenó la iniciativa el Ejecutivo.
"Dichas reformas legislativas han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos", dice el extenso documento.
La postura de los expertos de la ONU con diversos mandatos reseña que varios mandatos de las Naciones Unidas han expresado su "preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas" y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas de su papel en tareas de seguridad pública.
