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El lunes 26 de septiembre de 2022 se cumplen ocho años de que se perpetró la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en el sur de México.
El hecho, ocurrido en 2014 en Iguala, ciudad de tránsito entre la capital guerrerense, Chilpancingo, y la Ciudad de México, ha ocupado la discusión pública del país latinoamericano desde que ocurrió, y motivó tanto el involucramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el compromiso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de esclarecer el caso.
Durante el ataque contra los camiones de los normalistas, en el que participaron fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, murieron a balazos tres jóvenes, además de tres personas que pasaban por la zona: el conductor de un autobús, un jugador de un equipo de futbol y la usuaria de un taxi.
Además, fueron desaparecidos 43 jóvenes en torno a los 20 años de edad, de quienes ocho años después sólo se han encontrado restos óseos en tres casos.
Con base en el nuevo informe del Gobierno de México respecto al caso, que desmantela la versión manejada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración federal en que sucedieron los hechos, a cargo del priista Enrique Peña Nieto, se elaboró una reconstrucción cronológica de la llamada noche de Iguala.
La hipótesis de los autobuses
Primero se acusó a los jóvenes de boicotear un evento político local, luego se afirmó que los normalistas estaban ligados a un grupo criminal hostil dominante en Iguala, sin embargo la hipótesis más aceptada hasta ahora sobre los hechos es que amenazaron involuntariamente parte de la ruta comercial de la heroína en la ciudad.
Grupos del narcotráfico operativo en Iguala usaban las líneas de autobús locales para trasegar heroína a Estados Unidos desde Guerrero, una operación que interrumpieron involuntariamente los normalistas al tomar vehículos para acudir a la Ciudad de México y participar en las manifestaciones conmemorativas de la matanza de Tlatelolco, evento con que el 2 de octubre de 1968 el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz reprimió al movimiento estudiantil.
El informe de la administración de López Obrador acusa que se trató de un crimen de Estado.
La noche de Iguala
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Después de las 17:00 horas del 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes salió de la Normal Rural de Ayotzinapa con la tarea de tomar autobuses para poder trasladarse a las conmemoraciones de la matanza de Tlatelolco, a celebrarse días después en la capital del país latinoamericano.
Por planeación estratégica, decidieron buscar los vehículos en Iguala, a unos 124 kilómetros al norte del plantel escolar y a unos 191 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Se dirigieron a la ciudad guerrerense a bordo de dos autobuses previamente tomados.
Ya en Iguala, se separaron en dos grupos, uno se concentró en una caseta de peaje y otros se dirigieron a la terminal de autobuses local. Tras una trifulca con choferes y trabajadores, lograron tomar tres autobuses adicionales a los dos con que lograron su arribo a la ciudad.
En total cinco autobuses, de los cuales tres se dirigieron al norte y dos hacia el sur, uno de ellos posiblemente cargado con narcóticos. El primer convoy fue perseguido por elementos de la Policía Municipal de Iguala, que logró detener su avance mediante camionetas interpuestas y luego abrió fuego contra los jóvenes.
Uno de los pasajeros, Aldo Gutiérrez, recibió un disparo en la cabeza y cayó en coma, una condición en la que permanece hasta hoy, mientras la policía se llevó a alrededor de 20 jóvenes más.
En tanto, los dos autobuses que tomaron la ruta sur iban un poco separados entre sí, el primero de ellos alcanzó la salida de Iguala, frente al Palacio de Justicia, donde elementos de la Policía Municipal lo detuvieron, rompieron los cristales y arrojaron gases lacrimógenos para obligar a los jóvenes a salir del vehículo.
Retiraron un grupo de alrededor de 15 personas, mientras el segundo autobús, unos metros atrás, fue detenido por elementos de la Policía Federal, que obligaron también a los muchachos a salir.
Entre los tres autobuses de la ruta norte, los estudiantes se reagruparon, pidieron ayuda a más normalistas y maestros de Iguala, organizaron una conferencia de prensa y localizaron los casquillos con piedras, sin embargo hacia las 00:00 horas, pese a la presencia de la prensa, la concentración fue atacada por un grupo armado.
Dos estudiantes fueron asesinados por la agresión, mientras que otros más resultaron heridos, mientras que al día siguiente fue encontrado el cuerpo de un tercer normalista, con el rostro desfigurado.
Las investigaciones apuntan a que, además de las primeras dos retenciones, policías coludidos con grupos criminales capturaron a más jóvenes de entre ese grupo reorganizado tras los dos primeros ataques, además de barrios periféricos de Iguala.
La verdad histórica
Hoy los gestores de la primera versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa están en prisión o prófugos de la justicia.
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Es el caso del entonces titular de la PGR, Jesús M., hoy detenido bajo acusación de tortura y desaparición forzada, y del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien habita Israel y ante quien el Gobierno de México ha solicitado formalmente su extradición.
El 7 de noviembre de 2014, Jesús M. emitió una conferencia de prensa donde aseguró que policías de Iguala y Cocula atacaron a los estudiantes con la colaboración del grupo criminal Guerreros Unidos. Los uniformados, revelaba esta versión, entregaron a los estudiantes a los criminales, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula, para luego esparcir los restos en el río San Juan.
Tanto los familiares como periodistas y científicos cuestionaron la versión del basurero de Cocula, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), formado en las desapariciones de la dictadura de Videla en el país latinoamericano, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comisionado por la CIDH para investigar expresamente los hechos.
En enero de 2015, tanto Jesús M. como Zerón volvieron a comparecer ante medios de comunicación, ante quienes reafirmaron la versión del basurero y aseguraron, para zanjar dudas, que se trataba de "la verdad histórica".
Tanto el GIEI como los forenses argentinos desestimaron la posibilidad de la incineración en Cocula, mientras que en 2016 la CIDH señaló a Zerón por trasladar ilegalmente a un detenido semanas después de ocurrida la desaparición.
El país latinoamericano identificó que el titular de la AIC sembró pruebas en el río para dar carpetazo al caso, que generó una indignación tal en la sociedad mexicana, que salió varias veces a las calles para emitir diferentes acusaciones. "Fue el Estado" era una de ellas.
Naciones Unidas acusó en 2018 que decenas de detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados.
La comisión especial de investigación
Al tomar posesión como presidente, López Obrador prometió resolver el caso, para lo que conformó una comisión especial de investigación y una unidad especial en la Fiscalía General de la República, derivada de la PGR.
Descartada la incineración, el grupo de trabajo de la nueva administración federal aseveró que ninguno de los 43 jóvenes permanece con vida y atribuyó el ataque a los autobuses a que un grupo criminal operativo en Iguala pensó que se trataba del ataque una fuerza rival.
Además, se descartaron vínculos entre los normalistas y el crimen organizado, mientras se aseveró que la policía entregó a los jóvenes al crimen, que los separó en grupos, los mató en su mayoría y esparció los restos.
De la nueva investigación derivó también una acusación contra un general del Ejército mexicano, responsable de ordenar la muerte de seis de los 43 normalistas desaparecidos y hoy detenido.
La confirmación de que participaron las fuerzas armadas otorga una nueva dimensión al conflicto, manejado por la gestión de Peña Nieto como un enfrentamiento local a nivel de policías corruptos y delincuentes.
