El Gobierno de México impugnará la absolución del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien es señalado como la persona que ordenó el ataque y el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, condenó la absolución de Abarca Chávez y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene los elementos suficientes para impugnar la decisión.
Además, el funcionario federal responsabilizó al juez Samuel Ventura Ramos de ser clave en la absolución del exedil y de la liberación de 77 personas que también estuvieron implicadas en el caso.
No obstante, la absolución de José Luis Abarca se adjudica al juez tercero del Distrito de Procesos Penales Federales, Jorge García Suárez, con residencia en Tamaulipas, de acuerdo con la causa penal 66/2014 difundida por medios como Milenio Diario.
El rotativo mexicano señala que la estrategia del político perredista fue similar a la que utilizó Gildardo López Astudillo, jefe de plaza en Cocula de la organización criminal Guerreros Unidos y a quien se responsabilizó de coordinar el secuestro de los estudiantes.
Abarca Chávez habría promovido un recurso de libertad por desvanecimiento de datos, es decir, un recurso que le permite anular los testimonios que se usaron en su contra bajo el alegato de que estos se obtuvieron de manera ilegal.
Semanas antes de su absolución, la familia de José Luis Abarca organizó varias protestas en Cocula para exigir su liberación, luego de la presentación de un informe preliminar presentado por la Secretaría de Gobernación, y la cual derivó en la liberación de 83 militares acusados de ser cómplices de la desaparición de los normalistas.
Tanto Abarca como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron acusados de ordenar la desaparición de los 43 estudiantes para evitar que sabotearan un evento público de Pineda Villa, quien presuntamente aspiraba a suceder a su esposo en el Ayuntamiento de Cocula.