Liberan a Rosario Robles tras pasar tres años en prisión

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, salió de prisión luego de que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinara modificar la medida cautelar de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, por lo que fue liberada tras pasar tres años tras las rejas.

El pasado 17 de agosto se hizo la solicitud para que el juicio contra Robles siguiera con ella en libertad debido a su edad y a las diversas enfermedades que padece. La Fiscalía General de la República (FGR) valoró su estado de salud y solicitó al Juez de Control su aprobación para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

"El Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional. La resolución ya se cumplimentó", señaló en un comunicado la FGR.

Al salir de prisión, Robles dijo: “Soy inocente y eso se va a comprobar”, además, aseguró que esta decisión es una muestra de justicia, pues “debí de haber llevado este proceso en libertad”.

“¿Qué sigue para mí? Descansar, estar en mi casa, evidentemente cuidar de mi salud y ya vendrán otros tiempos. Quiero disfrutar a mi hija, a mis amigos”, agregó

Robles padece hipertensión y rinitis crónica, que desarrollo durante su encierro, desde el 13 de agosto de 2019, tiempo desde el que ha bajado más de 10 kilos, además, padece problemas de cadera y, en enero, dio positivo a COVID.

Robles Berlanga está acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, pues como secretaria de Desarrollo Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría conocido de desvíos millonarios por más de 5,073 millones de pesos, sin informar de ello a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal.

Estos crímenes están relacionados con la trama conocida como la “estafa maestra”, un método que habría utilizado el gobierno de Peña Nieto para el desvío de recursos públicos.