El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró al Tren Maya como asunto de seguridad nacional para evitar las suspensiones de las obras por demandas judiciales, promovidas por organizaciones ambientalistas e indigenistas en la península de Yucatán.
"Ya se decidió que (el Tren Maya) es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo", confirmó el jefe del Ejecutivo a periodistas.
La construcción del ferrocarril de 1.550 kilómetros conectará sitios arqueológicos de la cultura maya y playas del Caribe, recorriendo comunidades indígenas y reservas de la biósfera.
La semana pasada fue emitida la declaración oficial para reiniciar las obras en el crítico "tramo cinco" de 70 kilómetros, que unirá a los conocidos destinos turísticos de Cancún y Tulum.
"Además, el tiempo que llevaba parada (la obra) nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos", dijo el mandatario.
La obra, con un costo original de unos 7.000 millones de dólares, contempla un contrato por 1.800 millones de dólares para construir vagones y sistemas ferroviarios con el consorcio de las compañías Alstom de Francia y Bombardier de Canadá, firmado en junio de 2021 con el Fondo Nacional de Turismo.
INTERÉS PÚBLICO
El gobernante dijo que la decisión del Ejecutivo fue tomada la semana pasada, con el argumento de defender el interés público nacional.
"Son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos y facciones se sitúen por encima del interés general, eso correspondía a la época del neoliberalismo", agregó López Obrador.
Con esa medida, las obras han sido reanudadas esta semana con el propósito de cumplir los planes de entregar el Tren Maya en diciembre del próximo año 2023, seis meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
"Se optó por otro procedimiento, no en tribunales, ya se estableció el mecanismo legal", agregó el mandatario.
Explicó que el Ejecutivo estaba esperando que el juez resolviera con un dictamen definitivo sobre las suspensiones provisorias de la obra ante los litigios de ecologistas y comunidades mayas, pero la decisión fue tomada para que la justicia sea "rápida y expedita".
El mandatario respondió a una pregunta sobre las pérdidas en el presupuesto gubernamental por las suspensiones de las obras: "Es una cantidad considerable, todavía no hemos hecho bien las cuentas, pero ya no podíamos (esperar)", dijo.
López Obrador evitó ofrecer detalles porque alrededor del tema se ha presentado "mucha filtración de información".
Mencionó que opositores al proyecto turístico "sabían que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y, media hora antes, presentaron recursos de amparo", solicitados ante jueces.
Finalmente, calificó las iniciativas judiciales de ecologistas y de defensores de comunidades indígenas y del patrimonio arqueológico como "una conspiración" en contra del Gobierno.
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