Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que el trámite de la constancia de situación fiscal fue solicitada por las empresas y no por la propia organización. "Nosotros no pedimos constancia de situación fiscal a ningún ente público ni privado", expresó la titular durante la conferencia del 8 de julio de 2022.
Según Buenrostro, a partir de 2022 se realizó una modificación en la miscelánea fiscal donde se estableció que además del Registro Federal del Contribuyente (RFC), se necesita verificar el nombre, razón social y código postal. Este requisito entró en vigor a partir del 1 de julio, pero será obligación del contribuyente incluir los datos desde el primer día de enero de 2023 cada que emita una factura.
En la mayoría de los casos, las personas dadas de alta bajo el régimen de sueldos y salarios mínimos no conocen el código postal que tienen registrado. Por tal motivo, los patrones instaron a sus trabajadores a conseguir el dato al SAT y este documento contiene esa información en la constancia, explicó Buenrostro.
Aunado a ello, la titular del SAT aseveró que los empleadores no pueden condicionar el trabajo a la entrega de constancia de situación fiscal. En caso de que el empleador condicione el pago de nómina por no entregar la constancia, los trabajadores pueden denunciar la situación.
La constancia de situación fiscal contiene información del contribuyente como nombre, RFC, CURP y régimen fiscal. Con estos datos, se espera que el SAT tenga un registro más preciso a fin de identificar a los contribuyentes en la base de datos del RFC.
Recientemente, la situación generó polémica en torno a la constancia de situación fiscal, pues se convirtió en un trámite engorroso e incluso dio pie a cobrar cuotas irregulares para agilizar el proceso. Al grado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), analizó la posibilidad de eliminar la constancia ante la polémica y problemática de realizar el proceso.
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