El Solo de Santa Tecla, notorio cabecilla criminal de El Salvador, fue condenado a la friolera de 1.090 años de prisión, cifra exorbitante, pero inferior en cuatro siglos a la mayor condena de cárcel en esta nación centroamericana.
La flamante sentencia fue dictada a inicios de semana contra César Alfredo Romero Chávez, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el sureño departamento de La Libertad, por homicidio agravado en relación con unas 24 muertes entre 2017 y 2018.
Entre las víctimas de Romero Chávez —dos apellidos de fuerte impronta religiosa en este país— se destacan un policía y el hijo del famoso periodista Henry Arana, un crimen que conmocionó a El Salvador hace apenas un lustro.
La condena se da durante lo que la administración del presidente Nayib Bukele denomina "guerra contra las pandillas", desatada tras una ola de homicidios a finales de marzo, que medios locales achacan a la ruptura de un presunto pacto entre las estructuras criminales y el Gobierno.
Desde entonces rige en el país un régimen de excepción que restringe determinadas garantías constitucionales, y que ha enviado tras las rejas a más de 43.000 supuestos "mareros", y dejado en la ciudadanía una sensación de seguridad que hace años no sentía.
Tanto la MS-13 como sus rivales, las facciones Sureños y Revolucionarios de la pandilla Barrio 18, fueron declaradas en 2015 organizaciones terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a su influencia casi omnipresente en este país y sus vecinos.
Como parte de esta nueva ofensiva gubernamental, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó reformas al Código Penal que endurecen las penas de prisión para los pandilleros, incluso los menores de edad, así como para sus colaboradores y financistas.
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Sin embargo, el milenio que teóricamente pasaría El Solo en prisión no es ni remotamente la condena más larga dictada en este país, que lucha por sacudirse ciertos estigmas de violencia.
Narcos cuscatlecos
A finales de 2020, Luis Alejandro Cruz Lorenzana fue condenado a 1.455 años de prisión por su protagonismo en 93 casos de tráfico de drogas y en 10 sobornos, en su mayoría a empleados públicos, en la mayor condena dictada contra un acusado en la historia del país.
El fallo fue emitido por el Juzgado Antimafia de Sentencia A de San Salvador que tuvo a su cargo el caso Nexos Narcos, por tráfico de drogas y cohecho propio (soborno), y en el que otros acusados fueron condenados a 615 y 435 años de prisión.
El juez argumentó que los condenados tenían contacto con narcotraficantes internacionales, a quienes compraban cocaína, y además cosechaban marihuana y elaboraban drogas sintéticas, para su posterior distribución en la costa cuscatleca.
Aunque algunos diputados la impulsan con vehemencia, las leyes salvadoreñas no contemplan la pena de muerte, como tampoco la cadena perpetua, aunque en la práctica, la acumulación de años en prisión equivale a sentencia de por vida.
Récords indeseables
Según el libro de récords Guiness, la condena más larga impuesta fue para la tailandesa Chamoy Thipyaso, sentenciada en 1989 a 141.078 años de cárcel por una estafa piramidal que defraudó a más de 16.000 personas. Sin embargo, a los ocho años ya estaba en libertad.
A su vez, el estadounidense Terry Nichols fue condenado en 1995 a 161 cadenas perpetuas, una por cada persona que murió en el atentado terrorista que perpetró junto a Timothy McVeight contra un edificio federal en Oklahoma. McVeight fue sentenciado a muerte y ejecutado en 2001.
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En América Latina, cinco exmilitares de Guatemala fueron sentenciados entre 2011 y 2012 a 6.060 años de cárcel por su participación en la llamada Masacre de las Dos Erres, perpetrada en 1982 y que costó la vida a 201 campesinos, aunque la cifra podría ser mayor.
A su vez, a inicios de 2021 fue noticia la excarcelación en Estados Unidos del octogenario Joe Ligon, sentenciado en 1953 a cadena perpetua por dos asesinatos que negó haber cometido, y que pasó 68 años en prisión, más que cualquier otro reo en la historia de ese país.
Mega cárcel en El Salvador
Por lo pronto, las detenciones se suceden en El Salvador, y la administración Bukele las defiende de las críticas de sectores de la sociedad civil y organismos internacionales que alertan sobre supuestos arrestos arbitrarios, violaciones del debido proceso, y tortura y muerte en prisión.
Varias personas consultadas por la Agencia Sputnik coinciden en que se percibe mayor seguridad, que las extorsiones disminuyen y los homicidios también, aunque recién esta semana tres policías fueron emboscados y asesinados por pandilleros en el departamento de Santa Ana.
"Van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dijeron su vida por proteger a la población", advirtió Bukele, quien prometió arreciar la guerra contra las pandillas y confirmó la construcción de una megaprisión para "mareros", con varios muros y 37 torres de vigilancia.
La Asamblea aprobó en abril pasado una ley especial para la construcción de centros penales en El Salvador, una nación donde las cárceles llevan años sobresaturadas, y que en apenas tres meses ha duplicado su población penal hasta unos 71.000 reclusos.
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