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La "tortura generalizada" persiste en las prisiones de México y afecta a dos terceras partes de la población encarcelada, indica un informe de la representación permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), presentado en el estado de Aguascalientes (centro-oeste).
"Los organismos y expertos internacionales de derechos humanos que han examinado esta violación en México coinciden en señalar que es una práctica generalizada. Los últimos datos oficiales disponibles hasta 2021 lo confirman", indica el informe de 90 páginas.
En el marco de las actividades de esta semana por el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, que se conmemora el 26 de junio, Acnudh señala que casi el 65% de las personas encarceladas denunciaron haber sido torturadas.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, citada en el documento, el "64,5% de la población privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público".
El informe, titulado Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, es el resultado de un detallado proceso de documentación y acompañamiento integral a personas sobrevivientes de tortura en ese estado del centro-oeste del país.
Ahorcamientos y descargas eléctricas
Las cifras de la encuesta a nivel nacional, realizada por el Observatorio contra la Tortura, indica que el 23,4% de los hombres y el 15,3% de las mujeres privados de la libertad "fueron sometidos a asfixia o ahorcamiento".
Además, el 12,9% de los hombres y 6,8% de las mujeres "recibieron descargas eléctricas", detalla el texto presentado por el representante permanente en México del organismo que encabeza Michelle Bachelet.
"El Informe es un testimonio de la valentía de las personas sobrevivientes de tortura en Aguascalientes. Sus voces interpelan a las autoridades para que tomen medidas firmes, contundentes e inequívocas a fin de que estas prácticas no vuelvan a ocurrir", dijo en una declaración escrita Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de Acnudh.
Las conclusiones del informe se basan en casos documentados de al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) que habrían sido sometidas a tortura y malos tratos en el estado de Aguascalientes entre 2010 y 2014.
Adicionalmente, los expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) recibieron "alegaciones creíbles de docenas de casos similares que se habrían presentado en dicho contexto".
La investigación cuenta con sólidos elementos para afirmar que en dicho período existió una práctica sistemática de tortura y malos tratos.
El documento detalla "actos organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría (fiscalía) general de Justicia de Aguascalientes, ejecutados por funcionarios de esa y otras instituciones estatales, y con diversos tipos de vinculación de altos mandos" de dicha institución.
La oficina de la ONU concluyó que, entre 2010 y 2014, en esa entidad se implementaron políticas de procuración de justicia incompatibles con los derechos humanos, "de forma opaca y sin controles".
El nuevo informe señala que estos crímenes se cometieron "en el contexto de una narrativa oficial de aumento de la violencia y la justificación del uso del arraigo, que funcionó como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos".
Bajo ciertas condiciones, la tortura "es un crimen de lesa humanidad conforme a las normas internacionales", que violenta la integridad física y mental de las personas, y puede provocar daños graves e irreversibles, define el organismo internacional.
