El Ejecutivo de Pedro Castillo cumplirá con la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no excarcelar al expresidente.
La medida adoptada por el Gobierno peruano implica que Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000) permanezca encarcelado hasta que el órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decida sobre una petición de medidas provisionales.
El exmandatario iba a ser liberado a raíz de una polémica orden emitida el 19 de marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional (TC). Esta reactivó un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos cometidos en dos matanzas ocurridas durante su gobierno: la de Barrios Altos y la de La Cantuta. Por estos hechos, en 2009 fue declarado culpable.
"La última resolución de la Corte IDH señala que Fujimori no debe ser liberado, a pesar de la sentencia del TC, dado que antes se debe evaluar si este fallo ha cumplido con los estándares de la misma corte", dijo a En Órbita el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
El entrevistado explicó que la CIDH "señaló en una resolución del año 2018,un fallo que hizo al Poder Judicial peruano anular el indulto decretado previamente".
Por su parte, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, calificó de "previsible" la nueva medida. "No se trata de una medida cautelar, sino de una medida de urgencia adoptada por el presidente y no todavía por la Corte", señaló.
A criterio de Godoy, los argumentos expuestos por la defensa "carecen de fuerza".
La hija del exmandatario, Keiko Fujimori, declaró que su familia "responsabiliza al Gobierno" de Pedro Castillo –quien la venció en las últimas elecciones– de los efectos que su decisión pueda generar en la salud de su padre.
