La juez de control Magally Escamilla Rodríguez autorizó un exhorto, desde el Poder Judicial del Estado de Puebla, para que el personal administrativo y docente de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) retome sus actividades y haya clases presenciales.
Esto se dio a conocer durante la audiencia celebrada este martes en la Casa de Justicia de Puebla, en dónde estuvo presente Imagen Poblana, misma que fue solicitada por Rodrigo Gurza Cárdenas, apoderado legal del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que encabeza Horacio Magaña Martínez.
La audiencia de este día forma parte de la carpeta administrativa 1634/2021/Puebla, en la cual se investiga el presunto desfalco cometido por los integrantes de la familia Jenkins y el ex rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, quien no ha sido detenido gracias a un amparo otorgado por la justicia federal.
Un juez de control de Puebla hará un exhorto al personal administrativo y académico de la @udlap para que regresen las actividades y los estudiantes retomen sus #ClasesPresenciales, informó Rodrigo Gurza Cárdenas, abogado de la Fundación Mary Street Jenkins
— Imagen Poblana (@imagenpoblana) February 1, 2022
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Gurza Cárdenas, solicitó a la juez de control que se dé cumplimiento material a la restitución que se otorgó el 31 de octubre pasado a favor de la Fundación Mary Street Jenkins, para que se liberara el campus de la UDLAP, a pesar de que la investigación por desfalco en contra de la anterior administración continúa.
En este sentido, la juez recordó que el 1 de noviembre pasado se dio cumplimiento a la restitución material del inmueble con apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado, que certificaron que los apoderados legales pudieran tomar posesión del mismo.
Pero a pesar de esto, el personal administrativo y docente de la UDLAP, encabezados por la vicerrectora, Cecilia Anaya Berrios, se han negado a retomar sus actividades en el campus, por lo que los estudiantes tampoco pueden tomar clases presenciales ni continuar con trámites indispensables como los de titulación.
La ausencia de personal fue constatada por la notaria número 3 de Cholula, quien el pasado 9 de enero hizo un recorrido por el campus, constatando que a pesar de que el lugar está abierto, no hay personal para poder ofrecer los servicios educativos a los que está destinado.
Fue así que la juez de control determinó cómo válida la petición por parte del apoderado legal de la Fundación Mary Street Jenkins y así emitir un exhorto para que el personal administrativo y docente retomar sus actividades presenciales en el campus ubicado en San Andrés Cholula.
Al término de la audiencia, en entrevista con Imagen Poblana, Rodrigo Gurza explicó que con lo anterior se busca darle certeza a la comunidad estudiantil para que retome sus actividades presenciales en el campus, lo cual se ha visto obstaculizado principalmente por la falta de interés para colaborar con la nueva administración.
Señaló que si bien será en los tribunales cuando se decida la situación legal de la anterior patronato, los alumnos no deberán de padecer los problemas legales que se enfrentan y por ello es que existe certeza legal de que el campus está abierto y en condiciones para operar, respetando así el comodato que existe entre la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación UDLAP.
La audiencia se llevó a cabo a la par que un grupo de estudiantes, azuzados presuntamente por algunos diputados de oposición, acudieron a manifestarse las afueras del campus universitario para exigir la liberación del mismo, sin importar que exista certeza legal de que las instalaciones ya no están tomadas por ninguna fuerza pública de seguridad.
La manifestación hecha por estudiantes y padres de familia ha desencadenado algunos conatos de bronca con automovilistas quiénes se ven afectados por no poder circular sobre la Recta a Cholula, a la altura del Periférico Ecológico, vialidad que fue cerrada como parte de la movilización estudiantil.
Rodrigo Gurza recordó que la familia Jenkins y el anterior patronato de la UDLAP, se ha caracterizado por usar de escudo a la universidad para evadir su responsabilidad en el millonario desfalco que realizaron, asimismo han recurrido a la mediatización del problema innecesaria, que ha terminado por causar desinformación en el sector estudiantil.