Las autoridades de Kazajistán elevaron a 9,900 el número de los detenidos en relación con los violentos disturbios que sacudieron esta nación de Asia Central a principios de enero.
"Los agentes del orden han detenido a unas 9,900 personas - Ministerio del Interior", publicó el centro operativo (coronavirus2020.kz) que recoge las noticias de las principales instituciones oficiales.
La víspera se informó de alrededor de 8,000 sospechosos arrestados.
La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.
A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que se han saldado con decenas de muertos y más de mil heridos, entre ellos numerosos agentes del orden.
El 5 de enero, el presidente kazajo, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.
Además, solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo. La organización, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.
Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.
El 7 de enero, el presidente Tokaev dio a los cuerpos de seguridad la orden de disparar a matar contra los radicales violentos que se resisten a deponer las armas. Al mismo tiempo, el mandatario kazajo prometió presentar un plan de reformas en respuesta a las reivindicaciones de los manifestantes pacíficos.
