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La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó por unanimidad y sin discusión que continúe la suspensión judicial provisional que evita la siembra de maíz transgénico con fines comerciales, debido a que se pondría en riesgo la biodiversidad.
El proyecto aprobado por los magistrados señala que las suspensiones, otorgadas por un juez a un quejoso en un juicio para solicitar amparo judicial, buscan que cese la acción que se denuncia como contraria a la Constitución, hasta que se resuelva el asunto de fondo.
"Todas esas medidas tienen como objetivo preeminente que, durante el trámite del juicio, se eviten daños a la colectividad o que, al estarse verificando, cesen en sus efectos, y no se consuman de manera irreparable o difícilmente reparable", indica el dictamen.
El máximo tribunal destaca la importancia de atender las acciones denunciadas, que podrían afectar a los derechos de los consumidores.
El texto aprobado señala, en primer lugar, que se modifica la sentencia sujeta a revisión.
En segundo lugar, que la justicia federal "no ampara ni protege a PHI México, sociedad anónima de capital variable, contra el artículo 610 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles".
Esa empresa solicita la protección de la justicia federal para continuar con sus actividades productivas.
En tercer lugar, el máximo tribunal agrega que "no ampara ni protege a Monsanto Comercial Semillas y Agro Productos Monsanto, ambas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, Syngenta Agro, Dow Agrosciencies y PHI México, estas últimas sociedades anónimas de capital variable".
Las firmas solicitaron amparos de la justicia "contra actos reclamados" ante un tribunal capitalino.
Esa corte judicial donde está abierto el caso de los transgénicos es el segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa, del primer circuito del juzgado 12 de distrito en materia civil de la Ciudad de México.
A ocho años de que un juzgado estableció la moratoria del cultivo de maíz transgénico en México, la Suprema Corte determinó continuar la medida preventiva.
El litigio de la demanda de acción colectiva de las empresas comenzó en el 2013.
El sector privado y las secretarías de Medio Ambiente y Agricultura han presentado alrededor de 150 recursos jurídicos contra la medida judicial precautoria.
La asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, que agrupa al sector privado, dijo antes de la decisión judicial que se han perdido años en discusiones ya superadas a nivel mundial y aseguró que la prohibición de liberar maíz transgénico en fase comercial atenta contra la Ley de Bioseguridad.
