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La propuesta de reforma al sector eléctrico de México, que el gobierno envió al Congreso para su análisis, busca una reducción de las tarifas y no incluye mecanismos de expropiación o confiscación al sector privado, dijo hoy lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su habitual rueda de prensa diaria, el mandatario detalló que los cambios constitucionales que propuso al sector eléctrico convienen a todos, incluso a los empresarios, ya que buscará tarifas eléctricas más convenientes.
"La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios, para que se pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz", señaló López Obrador a periodistas desde la ciudad de Puebla.
"Además, no se les confisca sus empresas, no hay nacionalización, no hay expropiación, se les deja una parte del mercado", agregó.
La administración de López Obrador envió al Congreso el pasado jueves una propuesta de reforma a la industria eléctrica, con la que busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como regular la explotación del litio.
El sector privado y representantes de la oposición se han opuesto a la iniciativa, que aún tiene que ser aprobada por los legisladores, ya que la consideran como una regresión en el sector y con posibles afectaciones en los acuerdos comerciales de México.
En su intervención, el secretario de Gobernación, Augusto López, dijo que la iniciativa eléctrica busca eliminar la figura de las "sociedades de autoconsumo", que ofrece menores tarifas hasta en 200 por ciento a ciertos contratistas y que forman parte de la reforma energética que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"La reforma plantea que se terminen las sociedades de autoconsumo y sea la CFE la que distribuya la electricidad, para que se pueda obtener una tarifa más baja, pero pareja", acotó.
La reforma propone otorgar a la CFE un 54 por ciento del mercado eléctrico, mientras que el 46 por ciento quedará para las empresas particulares.
La administración de López Obrador, que inició en diciembre de 2018, busca revertir algunas medidas de gobiernos anteriores, ya que el mandatario considera que se otorgaron facilidades a las empresas privadas en materia de energía, sin que estén dado resultados.
