Detienen al abogado de "Miss Moni" por irregularidades en la Semovi en caso Rébsamen

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron ayer a Rosendo “G”, abogado de Mónica García Villegas, conocida como “Miss Moni”, dueña del colegio Enrique Rébsamen, en el que murieron 19 niños y siete adultos en el sismo de 2017 en la Ciudad de México. Se le acusa de presuntas irregularidades durante su servicio en la Secretaría de Movilidad (Semovi) en 2017.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el acusado fue aprehendido ayer a las 11:28 horas en la colonia El Capulín, de la alcaldía Tlalpan, y fue ingresado al reclusorio Sur, en el que un juez de control lo requiere.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que Rosendo “G” fue detenido por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público, cuando se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Movilidad, en 2017. Por lo cual, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá la situación jurídica del litigante.

Según informaron las autoridades, la indagatoria de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el delito data de 2016, cuando Rosendo “G” se desempeñaba como servidor público en la Semovi.

La denuncia contra el ahora detenido fue presentada en noviembre de 2018, para lo cual se efectuaron los actos de investigación correspondientes y se solicitó la orden de aprehensión contra en su contra. 

Hace unos días, Rosendo “G” advirtió que emprendería acciones legales contra autoridades de la Fiscalía capitalina y del Poder Judicial de la Ciudad de México por la mala actuación en el caso de “Miss Moni”, quien fue sentenciada a 36 años de prisión por el homicidio culposo de 26 personas tras el colapso del colegio en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Al respecto, el litigante dijo que en el fallo “hay un tema de ignorancia” y si los magistrados emitieron una sentencia de 36 años, “considero denunciarlos por ignorancia inexcusable” al poner una pena fuera de parámetro ya que la sentencia máxima debía ser de 20 años.