Los 11 fabricantes de Estados Unidos que fueron demandados por el gobierno de México por ser corresponsables de la violencia que se vive en el país responderán en forma conjunta la querella interpuesta en agosto de este año.
La defensa de las 11 empresas acusadas solicitó al juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, permitir que las firmas se defiendan juntas, con el fin el de aligerar la carga de trabajo.
"Los demandados notificados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte", se lee en los documentos a los que tuvo acceso Milenio Diario, donde se autoriza la solicitud.
Las empresas demandadas por negligencia son: Smith & Wesson Brands, Inc., Barret Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp., Beretta Holdings SPA, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company LLC, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co., Inc., Century International Arms, Inc., and Witmer Public Safety Group, Inc.
De este modo, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), será hasta el próximo 22 de noviembre cuando las empresas demandadas podrán contestar la querella; el 31 de enero de 2022 México podrá dar respuesta, y el 28 de febrero de 2022 se presentará una contrarréplica por parte de los acusados.
El pasado 4 de agosto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el Gobierno de México buscaría una compensación por parte de dichas empresas "por los daños causados por sus prácticas negligentes" que provocan el tráfico ilegal de armas y su uso por parte de grupos del crimen organizado.
"El Gobierno de México es respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países. En ese sentido, la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México", explicó la SRE, en un comunicado de prensa.
En este mismo tenor, senadores de EEUU solicitaron al secretario de Estado, Antony Blinken, que suspenda las exportaciones de armas a la Secretaría de Marina y a las policías mexicanas, pues existe poco control para conocer quiénes son los usuarios finales del armamento.
